Refuerzan la seguridad en Pradera y Florida

En respuesta a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Valle
del Cauca participó en mesas interinstitucionales en los municipios de Pradera y Florida, donde se
discutieron estrategias para reforzar la seguridad y la protección de los derechos humanos en
estas zonas afectadas por el conflicto armado. Las medidas acordadas fueron presentadas el
viernes 7 de febrero ante el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (Ciprat),
convocado por el Ministerio del Interior.
La secretaria de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente, destacó que
«ya hoy las entidades territoriales y departamentales hemos llevado unas acciones contundentes y
esperamos, de parte del Gobierno nacional, cuáles van a ser esos acompañamientos y esas
inversiones que para poder hacerle frente a estas situaciones que ha alertado la Defensoría del
Pueblo».
La alerta emitida por la Defensoría se centra en la vulneración de derechos humanos a la que
están expuestos niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidades indígenas y campesinas de
Pradera y Florida. Esta situación se deriva de la disputa territorial entre estructuras armadas
ilegales, incluyendo las disidencias de las FARC ‘Adán Izquierdo’ y ‘Dagoberto Ramos’, bajo el
mando de Iván Mordisco, y la disidencia del Frente 57 ‘Yaír Bermúdez’.
La población civil en la mitad
Francisco Guzmán, alcalde de Pradera, enfatizó la necesidad de acciones concretas: «Lo que
buscamos, y eso espero yo como alcalde de Pradera, es que estas recomendaciones sean
atendidas. En primer lugar, que haya unas acciones específicas para controlar el problema que nos
afecta, y es que los actores armados están vulnerando los derechos humanos de la población
civil».
Por su parte, el vicedefensor nacional del Pueblo, Roberto Molina, explicó que la labor de la
Defensoría se centra en tres aspectos clave: «Primero, hacer seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones. Segundo, procurar que tanto las autoridades nacionales, regionales y locales se
coordinen. Y tercero, permitir que se pueda tener la voz del territorio a nivel nacional para la
superación de este tipo de riesgos».