En abril de 2025, el gobierno egipcio aprobó reformas judiciales que limitan aún más la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Las nuevas leyes permiten que el gobierno cierre medios de comunicación y detenga a periodistas bajo acusaciones vagas de difamación o terrorismo.
Este cambio legislativo ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, que advierten que Egipto está retrocediendo en su compromiso con las libertades civiles. Los críticos también temen que la reforma judicial favorezca aún más al gobierno en lugar de garantizar la imparcialidad.
