El Gobierno de Gustavo Petro radicó este lunes 1° de septiembre ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto de reforma tributaria —también denominado Ley de Financiamiento para 2026— con el propósito de recaudar 26,3 billones de pesos (aproximadamente 6.300 millones de dólares). Se trata de la tercera reforma presentada durante su mandato, tras una exitosa inicial y una fallida a finales de 2024.
La propuesta contempla 86 artículos e incorpora amplio espectro de medidas dirigidas a sectores de altos ingresos y económicos estructurales:
- Aumento de impuestos a entidades financieras (carga tributaria podría subir del 40 % al 50 %) y empresas de hidrocarburos y carbón, incluyendo un gravamen adicional de hasta 15 %.
- IVA del 19 % sobre apuestas en línea, productos nocivos como licor y tabaco, así como eventos culturales o deportivos con boletas por encima de cierto monto (entre $470.000 a $500.000).
- Impuestos verdes: impuesto al carbono (a partir de 2026 y plenamente en 2029), y gravámenes a la gasolina, ACPM y biocombustibles, que incluyen un IVA inicial del 10 %, seguido del general. El impuesto al carbono se fija en $42.609 por tonelada de CO₂, lo que implicaría un aumento estimado de $384 por galón de gasolina.
- Tributos adicionales: mayores impuestos a bebidas alcohólicas, cigarrillos, rentas altas, patrimonio, ganancias ocasionales; gravámenes a iglesias por actividades comerciales; IVA a plataformas digitales extranjeras; y toques progresivos en vehículos híbridos (subirían del 5 % a 19 %).
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la iniciativa como una estrategia para garantizar la estabilidad fiscal y macroeconómica de largo plazo, sin afectar la canasta familiar y centrada en quienes tienen mayores ingresos.
No obstante, la propuesta enfrenta fuerte resistencia política. El Congreso está fragmentado, con bloques de oposición (como el Centro Democrático) que plantean un rechazo frontal a las mayores cargas tributarias. Hay dudas serias sobre su aprobación antes del 15 de septiembre, y voces advierten que, de no prosperar, se generaría un nuevo escenario de endeudamiento o presupuesto desfinanciado como ocurrió en 2024.
