El proyecto de reforma tributaria que actualmente se discute en el país plantea una modificación estructural en el sistema de impuestos para personas naturales, con ajustes significativos en las tarifas, eliminación de beneficios y la inclusión de nuevas obligaciones fiscales. La propuesta busca incrementar el recaudo y focalizar la carga tributaria en los contribuyentes con mayor capacidad económica.
De acuerdo con el borrador presentado por el Gobierno, la tarifa mínima del impuesto de renta se mantiene en 19 %, pero los tramos superiores enfrentarán incrementos progresivos. Las personas con ingresos anuales superiores a 84 millones de pesos verán aumentos que podrían alcanzar hasta un 41 % para los niveles más altos de ingresos. Esto representa un cambio importante para profesionales, empresarios y trabajadores con mayores ingresos, quienes asumirán un mayor aporte al fisco.
Uno de los ajustes más controversiales es la eliminación de la deducción por dependientes, que actualmente permite descontar hasta 72 Unidades de Valor Tributario (UVT). Con esta medida, se eliminará un beneficio que favorecía a empleados y contribuyentes con cargas familiares, lo que incrementará la base gravable y, por ende, la obligación tributaria.
La reforma también introduce modificaciones en el tratamiento de los dividendos. Los beneficios actuales serán eliminados y se amplía la base gravable, por lo que los aportes recibidos por los accionistas quedarán sujetos a una tributación más estricta. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró que la retención en la fuente sobre estos ingresos no se aplicará de manera inmediata, sino que se implementará de forma gradual para mitigar el impacto inicial.
En cuanto al impuesto al patrimonio, la propuesta eleva el umbral para empezar a pagar de 1.991 millones a 3.585 millones de pesos. Además, establece un esquema escalonado que oscilará entre 0,5 % y 5 %, según el nivel de riqueza declarada. Con este cambio, el objetivo es concentrar la carga fiscal en los patrimonios más altos y reducir la presión sobre contribuyentes con activos más bajos.
La reforma también incorpora un componente novedoso: la fiscalización de activos digitales y criptomonedas. Las plataformas de intercambio y casas de cambio deberán reportar todas las transacciones a la DIAN, con el fin de ampliar el control sobre un sector que ha crecido aceleradamente y que, hasta ahora, tenía una supervisión limitada.
De ser aprobada por el Congreso de la República, la reforma tributaria transformará de manera significativa el esquema actual, impactando a personas con ingresos altos, patrimonios elevados y rentas provenientes de dividendos y activos digitales.
