El país enfrenta un nuevo pulso político tras la radicación de la reforma tributaria por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila. La iniciativa pretende recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto del 2026, calculado en 557 billones, el más alto en la historia nacional. Pero lejos de generar consenso, la propuesta abrió una grieta entre los congresistas boyacenses.
Desde la oposición, el senador Ciro Ramírez fue tajante: calificó la reforma como una “irresponsabilidad” del presidente Gustavo Petro, acusándolo de derrochar recursos en burocracia y diplomacia mientras pretende “meterle la mano al bolsillo” a los ciudadanos. En la misma línea, el representante Eduar Triana advirtió que el proyecto recae sobre trabajadores y consumidores, con incrementos en impuestos a tabaco, alcohol, restaurantes y servicios asociados al carbono. “Este presupuesto está desfinanciado y pretenden cubrirlo con más impuestos”, subrayó.
Por su parte, Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, mostró cautela. Recordó que al Congreso le corresponde debatir artículo por artículo y dejó claro que no respaldará más cargas para personas naturales ni para pequeñas y medianas empresas.
Un tono menos confrontacional asumió Jaime Raúl Salamanca, ex presidente de la Cámara, quien invitó a un análisis responsable. Para él, no se trata de decir “no” por anticipado, sino de garantizar la financiación del Plan Nacional de Desarrollo sin castigar a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Lo cierto es que el debate llega en medio de un déficit creciente y del desgaste político del Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca cómo financiar su ambicioso gasto social, los congresistas parecen más ocupados en marcar diferencias partidistas que en construir consensos reales.
