En su último tramo de mandato, el presidente Gustavo Petro ha convertido la reforma al sistema de salud en su principal apuesta legislativa. A pesar de la complejidad política del proyecto, el Gobierno considera que es una de las pocas reformas estructurales que puede dejar como legado —y que responde a reclamos históricos en materia de cobertura, equidad y eficiencia.
Desde la aprobación parcial en la Cámara de Representantes, el proyecto ha avanzado a la Comisión Séptima del Senado, donde enfrenta obstáculos: mayorías insuficientes, ponencias alternativas e intereses contrapuestos.
El Gobierno sabe que el tiempo apremia: quedan pocos meses legislativos antes de que concluya esta legislatura. Por eso mismo, ha desempolvado la movilización social, la negociación política y la presión mediática como herramientas para inclinar la balanza a su favor.
Una de las claves será conseguir, al menos, dos votos de senadoras que han mostrado independencia, lo cual puede marcar la diferencia en la aprobación del articulado pendiente.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto de ley que lidera Petro busca transformaciones profundas en el modelo de salud vigente en Colombia. Entre sus principales líneas están:
- Eliminar o reducir el rol asegurador de las EPS, para convertirlas en auditoras o entidades gestoras de salud y vida, mientras que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) asumiría directamente la responsabilidad de pagar a las clínicas y hospitales.
- Creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en todo el territorio, con el objetivo de que la población tenga atención de base más cercana, preventiva, continua y coordinada con los servicios de mayor complejidad cuando se requiera.
- Transparencia y sistema de información digital público e interoperable para mejorar el control y seguimiento de recursos, disminuir la corrupción y asegurar que las decisiones se basen en datos reales.
- Mejora laboral para los profesionales de salud, buscando que haya estabilidad, mejores condiciones y reducción de los incentivos perversos del modelo actual.
- Garantía de acceso universal, con eliminación de barreras para las poblaciones más vulnerables y atención equitativa entre zonas urbanas y rurales.
Estas líneas no son novedosas del todo: el proyecto ha ido cambiando durante su trámite, ajustando artículos y adaptándose a críticas, pero mantiene el espíritu de una transformación estructural.
Resistencias, dilemas y críticas
La reforma no ha sido aceptada sin cuestionamientos. Aquí algunos de los retos centrales:
- Viabilidad financiera: muchos críticos advierten que el proyecto no concreta claramente cómo se financiará sin desfalcar el presupuesto nacional. Hasta ahora, las fuentes de financiación han sido objeto de debate intensivo y dudas.
- Resistencia del sector privado: las EPS, clínicas y entidades del sector salud han expresado su inquietud por perder funciones de aseguramiento o por el modelo de pagos públicos.
- Ponencias alternativas en el Senado: algunas congresistas han propuesto textos diferentes al proyecto original, generando enfrentamientos internos y dilaciones.
- Presión política limitada: el gobierno no tiene mayoría absoluta suficiente para imponer sin negociación, lo que obliga a concesiones.
- Expectativas y promesas de campaña incumplidas: la población tiene dudas porque esta reforma ha sido promesa recurrente del gobierno, y su incumplimiento mayor puede generar desgaste.
A su vez, el Gobierno ha implementado estrategias de presión política interna, reacomodos ministeriales y acercamientos con líderes sociales para empujar el proyecto en los plazos disponibles.
Lo que está en juego y las posibles salidas
Si la reforma logra su aprobación —con los cambios menores o mayores que surjan en torno al texto— podría consolidarse como uno de los legados más ambiciosos de la administración Petro. El sistema colombiano, con años de quejas por la desigualdad de atención, el uso excesivo de tutela, la intermediación costosa y los fallos logísticos, es un terreno propicio para una transformación radical.
Pero si no logra pasar en el Senado, el gobierno podría recurrir a mecanismos de presión social —manifestaciones, movilizaciones regionales— para inclinar la discusión o forzar concesiones. De hecho, eso ya se menciona como parte del plan.
En ese escenario, el discurso presidencial se volverá más central: la reforma no solo es técnica sino simbólica, un sello del proyecto político del «Gobierno del cambio», y las últimas semanas serán decisivas.
