La Corte Constitucional de Colombia decidió aplazar la decisión final sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El futuro de la norma quedó en manos de un conjuez tras un empate en la Sala Plena.
¿Qué pasó?
- Durante la sesión de revisión de la reforma pensional, la Sala Plena de la Corte registró un empate 4-4 en la votación sobre la ponencia que proponía declarar la ley inexequible.
- La paridad en los votos se dio luego de que se aceptara una recusación — presentada contra el magistrado Héctor Carvajal — por supuestos conflictos de interés debido a contratos previos con Colpensiones. Con su salida del debate, quedaron ocho magistrados habilitados.
- Ante el empate, la Corte nombró al conjuez Carlos Pablo Márquez para que desempate la decisión.
- Eso implica que, por ahora, la reforma pensional permanece suspendida: muchos de sus artículos no han entrado en vigor.
Lo que se cuestiona de la reforma
La demanda contra la reforma argumenta que hubo vicios en el trámite legislativo: en su aprobación en la Cámara de Representantes se habrían repetido los mismos errores que motivaron que la Corte devolviera la ley anteriormente. Entre los reproches: falta de debate real, adopción del texto por “pupitrazo”, y problemas en la convocatoria de sesiones extraordinarias.
La ponencia que tratará de tumbar la norma fue elaborada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, cuyo argumento central es que no se subsanaron esos vicios, por lo que la ley debería declararse “inexequible”.
Qué sigue: papel del conjuez y tiempos
- El conjuez Carlos Pablo Márquez será quien finalmente vote si la reforma sigue adelante o se hunde.
- Según los reglamentos de la Corte, él tendrá un plazo — usualmente 15 días hábiles — para analizar el expediente y presentar su decisión.
- Dependiendo del fallo, hay tres posibles escenarios:
- Que la Corte declare la reforma constitucional — y entonces entre en vigor plenamente.
- Que la declare inexequible — lo que la hundiría.
- Que se adopte una decisión intermedia: quizá se aprueben algunas partes, se modifiquen otras, o se dé un plazo para que el Congreso corrija lo que haya fallado.
Reacciones actuales
- El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la determinación como una “dilación desafortunada”, porque — dice — la ley ya debería estar en marcha desde el 1 de julio de 2025. Para él, este aplazamiento afecta a miles de trabajadores que esperan los beneficios de la reforma.
- Enorme incertidumbre entre empleadores, fondos privados, Colpensiones y los cotizantes. Muchos han pausado decisiones — como traslados de fondos o afiliaciones — hasta que haya claridad jurídica.
