El Congreso de Colombia avanza en la implementación de una nueva reforma al sistema de justicia penal que busca mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de los procesos judiciales. La ley, que entró en vigencia a principios de abril, introduce medidas como la digitalización de los procesos, la creación de tribunales especializados en delitos complejos y una nueva estructura para el sistema de defensa pública.
Sin embargo, la reforma ha generado controversia debido a su costo de implementación y a la preocupación de algunos sectores sobre la posible sobrecarga de trabajo en los juzgados. Varios expertos aseguran que, aunque las reformas son necesarias para modernizar el sistema, será fundamental realizar un seguimiento para garantizar su eficacia y evitar que se creen nuevas brechas de impunidad.
