El Decreto 0858, firmado el 30 de julio de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, establece el nuevo modelo de salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Formaliza aspectos clave de la reforma que fue rechazada por el Congreso, como la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la transformación de las EPS en entidades administrativas llamadas Gestoras de Salud y Vida.
- Las EPS ya no gestionarán afiliaciones ni contratarán servicios, sino que actuarán como auditores o facilitadoras, percibiendo solo entre 3,5 % y 8 % del presupuesto por afiliado.
- La Admis (Adres) asumirá el papel de pagador único del sistema.
- Se establecen Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (Riits) coordinadas por autoridades locales.
- Se activa el despliegue del modelo por etapas con enfoque en atención primaria preventiva y territorial.
Reacciones y controversias
Críticas de exministros y expertos
Un grupo de 16 exministros y exviceministros de Salud, entre ellos Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, pidió medidas cautelares ante el Consejo de Estado. Alertan que el decreto:
- Constituye una reforma de facto sin debate legislativo ni estudios técnicos, financieros o fiscales.
- Contraviene leyes vigentes (Ley 100, Ley Estatutaria 1751, Leyes 1122 y 1438).
- Puede generar incertidumbre institucional, operativa y financiera, incluyendo el riesgo de un colapso similar al del Fondo Magisterio (Fomag).
- Debilita el aseguramiento individual, fragmenta redes de atención y restringe la libertad de elección.
Opinión legal
Expertos como Jesús Albrey González advierten que el decreto podría ser inconstitucional, ya que modifica funciones consolidadas por ley que solo el Congreso puede reformar.
Respuesta del gobierno
El Ministerio de Salud defiende el decreto como una implementación del Plan Nacional de Desarrollo, no una sustitución del proceso legislativo. Asegura que no deroga el régimen de aseguramiento ni elimina las EPS.
El presidente Gustavo Petro responde con dureza a las críticas, calificando a los exministros de “cómplices de una enorme defraudación al erario” y exigiendo que primero pidan perdón por la «crisis de las EPS» antes de emitir juicios.