La representante a la Cámara Catherine Juvinao radicó un proyecto de ley para reformar el Icetex, con el fin de garantizar condiciones de crédito educativo más justas, estables y accesibles. En el articulado, se propone limitar las tasas de interés al IPC anual más dos puntos, prohibir la capitalización de intereses y evitar que los estudiantes paguen más de 1,5 veces el valor desembolsado.
Además, el texto plantea que el financiamiento de la entidad se respalde de manera permanente en el Presupuesto General de la Nación, blindando los recursos para subsidios de tasas en estratos 1, 2 y 3, compensaciones cuando la inflación supere los dos dígitos, apoyos de sostenimiento y condonaciones por excelencia académica o graduación.
Choques políticos y presión social
El debate por la reforma ha generado tensiones entre la congresista Juvinao y el ministro de Educación, Daniel Rojas, por el presupuesto del próximo año. El punto central radica en si se incluirán recursos suficientes para subsidiar a estudiantes de bajos ingresos. Estudiantes y organizaciones sociales exigen que la discusión avance con urgencia, advirtiendo que la falta de subsidios encarece los créditos y amenaza la permanencia en la educación superior.
El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, sostuvo que la prioridad debe ser asegurar un modelo financiero sostenible, que revise los esquemas actuales de tasas de interés y que adopte alternativas internacionales, como los sistemas de pago contingente al ingreso.
Expertos insisten en cambios estructurales
Restrepo y otros analistas señalan que el Icetex debe convertirse en una entidad más ágil, efectiva y orientada a responder con rapidez a las necesidades de los jóvenes. También advierten que las dificultades para cubrir las cuotas iniciales de los créditos aumentan la mora y generan deserción, lo que profundiza las desigualdades educativas.
Asimismo, expertos destacan que la reforma debe evitar enfoques ideológicos que terminen estatizando el sistema de educación superior, ya que el verdadero reto es lograr consensos entre Congreso, Gobierno y universidades. Según los analistas, solo así será posible fortalecer al Icetex, recuperar la confianza de los estudiantes y garantizar acceso equitativo a la educación superior en el país.
