La Refinería de Cartagena (Reficar) enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente. En menos de 15 días podría detener sus operaciones debido a una orden de embargo que la dejaría sin capital de trabajo, según fuentes del sector energético consultadas. La medida se desprende de decisiones recientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que exigen el pago de millonarias obligaciones tributarias.
El conflicto se originó a finales de 2024, cuando la DIAN emitió un concepto que obliga a Ecopetrol a pagar un impuesto del 19 % por el diésel y la gasolina importados. Aunque la norma se planteó con efectos hacia el futuro, también se aplicó de forma retroactiva, abarcando los años 2022, 2023 y 2024. Esto generó una supuesta deuda de 1,5 billones de pesos para Reficar.
Tras varios meses de discusión jurídica, la entidad resolvió recientemente el recurso de reconsideración presentado por la refinería, confirmando la obligación de pagar al menos 1,3 billones de pesos. Con esa decisión, el caso pasó a cobro coactivo, abriendo la posibilidad de un embargo de cuentas bancarias.
De concretarse la medida, Reficar perdería la liquidez necesaria para mantener su operación y solo podría seguir funcionando entre siete y dieciocho días. Después de ese plazo, la planta se vería obligada a apagar sus unidades, provocando un desabastecimiento inmediato de gasolina, diésel y combustible Jet en la región Caribe.
La refinería produce cerca de 200.000 barriles diarios y genera empleo directo para más de 2.300 personas, por lo que su cierre tendría un impacto económico y social considerable.
Además, el riesgo no se limita a Reficar. Ecopetrol, su empresa matriz, podría enfrentar un escenario financiero crítico debido a las cláusulas de sus bonos de deuda: si una de sus filiales es embargada por más de 100 millones de dólares, se considera un evento de incumplimiento que podría acelerar el pago total de la deuda corporativa, estimada en 120 billones de pesos.
Expertos consultados advierten que las decisiones de la DIAN podrían tener consecuencias catastróficas para la estabilidad energética del país. Algunos incluso señalan que el gobierno estaría buscando liquidez ante las dificultades para aprobar una nueva reforma tributaria, aun a costa de poner en riesgo a una de las empresas más estratégicas del Estado.
Mientras tanto, se espera la definición de otro proceso paralelo que implicaría a Ecopetrol directamente por 7,5 billones de pesos, esta vez por la importación de gasolina. Si ambas medidas prosperan, los embargos podrían ascender hasta los 15 billones de pesos, llevando a la empresa a un escenario de crisis sin precedentes.
