’Es un caos’: resolución de la Fiscalía debilita a los grupos GAULA, según investigadores

Una reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación ha desatado un fuerte sismo institucional entre los grupos GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), lo que, según fiscales e investigadores, podría poner en jaque la eficacia en la lucha contra secuestro y extorsión, y elevar el riesgo de impunidad. La medida central, plasmada en la Resolución 0298, fue firmada el 9 de octubre por la fiscal Luz Adriana Camargo.

1. ¿Cuál es el cambio que propone la resolución?

La resolución 0298 recomienda reestructurar la competencia investigativa de los fiscales vinculados a GAULA. Según la Fiscalía, el objetivo es mejorar la eficiencia investigativa: consideran que muchos delitos de secuestro y extorsión estaban asociados mayoritariamente con grupos armados organizados (GAO) o con grupos delincuenciales organizados (GDO), y estiman que focalizar los esfuerzos investigativos en esas organizaciones puede generar mejores resultados.

Por ello, la resolución señala que:

• Los fiscales que anteriormente integraban los GAULA se redistribuyen: los especializados irán a la Dirección de Crimen Organizado.
• Las denuncias de delitos que no estén asociados a GAO o GDO (como la mayoría de extorsiones comunes —extorsiones carcelarias, sexting, “tío-tío”, etc.) serán derivadas a las Fiscalías seccionales, según el lugar de ocurrencia.
• Para los actos urgentes (secuestrados, amenazas graves, extorsión que requiere intervención inmediata), la resolución establece que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) asumirán los actos urgentes y más tarde enviarán el proceso al fiscal competente (sea de la unidad reorganizada o de Gaula nuevamente, si se restablece).

2. Las críticas de fiscales e investigadores

La reforma no ha sido bien recibida dentro de la propia Fiscalía ni entre investigadores. Algunas de las principales críticas son:

• Sobrecarga y especialidad perdida: los fiscales especializados en Gaula tienen una carga de trabajo altísima. Según fuentes consultadas por Semana, algunos de ellos recibieron más de 1.700 expedientes cada uno cuando fueron trasladados a la Dirección de Crimen Organizado.
• Falta de pericia local: los fiscales seccionales, que ahora deberán asumir las denuncias comunes de extorsión y secuestro, no siempre tienen la experiencia o especialización para tratar este tipo de delitos. Funcionarios entrevistados dicen que no es comparable que un fiscal de hurtos atienda un caso de extorsión compleja.
• Riesgo de “vacío institucional”: según fiscales, la transición entre el antiguo esquema Gaula y el nuevo ha creado zonas grises: algunos denuncias no han podido ser recibidas correctamente y los actos urgentes no se han iniciado a tiempo, lo que podría derivar en consecuencias graves para las víctimas.
• Caso trágico como evidencia: el secuestro y posterior homicidio del cabo Jersey Alexánder Quintero, ocurrido el 8 de noviembre en Bogotá, es citado por varios como un ejemplo de lo que puede pasar cuando no se da una respuesta ágil. Según relato de un investigador, intentaron que un fiscal de Gaula recibiera la denuncia y activara los actos urgentes, pero no lo lograron, y días después el militar fue torturado y asesinado.
• Desconfianza en la estrategia: algunos consideran que bastaba con crear una unidad especializada dentro de Gaula para los GAO / GDO, en lugar de suprimir las unidades locales de Gaula. “Esa transición fue la que terminó sentenciando a muerte al suboficial”, señalaron investigadores a Semana.

3. La posición de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía defiende la resolución y afirma que no se trata de un recorte sino de una reorganización estratégica enfocada en optimizar recursos y mejorar la articulación de las investigaciones. Según la entidad, muchos casos de extorsión y secuestro compartían autorías y patrones con crímenes organizados, por lo que centralizar la investigación en una dirección especializada (Crimen Organizado) permitiría un abordaje más eficiente.

Además, la Fiscalía asegura que ya ha tomado medidas correctivas para evitar las demoras: se dejaron turnos disponibles para que fiscales atiendan actos urgentes desde las URI, y se prevé un mecanismo para remitir los procesos a los fiscales adecuados según su competencia una vez pase la fase urgente.

4. Riesgos de impunidad y preocupaciones estructurales

Las advertencias de fiscales e investigadores no solo apuntan a una sobrecarga operativa, sino también a un riesgo real de impunidad:

• La Desdefensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos han señalado en informes previos que la Fiscalía necesita fortalecer su presencia regional, su capacidad de investigación y su personal especializado para enfrentar la extorsión, especialmente en zonas donde opera crimen organizado.
• El cambio de estructura puede debilitar la conexión entre las denuncias locales y los investigadores especializados, dificultando que los casos graves se investiguen con la profundidad requerida.
• A largo plazo, si la reorganización no funciona bien, existe el temor de que muchos casos de extorsión no se denuncien o no reciban una investigación efectiva, lo cual podría aumentar la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de la justicia.

5. Antecedentes y contexto institucional

Para comprender la gravedad de esta transformación, es útil recordar algunos elementos importantes sobre los GAULA:

• Los GAULA fueron creados legalmente mediante la Ley 282 de 1996 para combatir secuestro y extorsión, con una conformación mixta: Fiscalía, Policía, Ejército, entre otros actores.
• Tienen una función especializada en investigar delitos de secuestro, extorsión y aquellos conexos a estas figuras delictivas.
• En 2023, los GAULA militares reportaron capturas importantes: por ejemplo, según las Fuerzas Militares, lograron capturar a 218 delincuentes por extorsión y 55 por secuestro durante ese año.

6. Posibles consecuencias y reclamos

Las voces críticas dentro de la Fiscalía plantean varias hipótesis sobre lo que podría venir si la resolución no se ajusta:

• Menor eficacia en rescates o intervenciones urgentes: si los fiscales de las URI no están bien coordinados con los investigadores especializados, podría reducirse la efectividad en casos de secuestros en curso o amenazas de extorsión graves.
• Desbordamiento de la carga de trabajo: la gran cantidad de expedientes asignados a fiscales de Crimen Organizado podría generar cuello de botella, demoras, y menor profundidad investigativa.
• Desincentivo a la denuncia: si las víctimas perciben que no tienen un canal especializado para denunciar extorsión o secuestro, podrían desistir de acudir a la Fiscalía, lo que fomenta la impunidad.
• Reputación institucional en riesgo: un caso tan emblemático como el del cabo Quintero podría servir de advertencia pública y dañar la imagen de la Fiscalía si no se corrigen los puntos débiles.

Conclusión

La resolución de la Fiscalía, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, ha generado un revolcón profundo en la estructura de los GAULA, lo que ha desatado tensiones internas y críticas de expertos sobre un posible aumento de la impunidad. Aunque la Fiscalía defiende la medida como una estrategia para optimizar recursos y focalizar la investigación en crimen organizado, los fiscales e investigadores advierten que la implementación estuvo plagada de fallas operativas, especialmente en la atención de emergencias, y apuntan a un riesgo real para víctimas de secuestro y extorsión. El caso del cabo Quintero se ha convertido en un símbolo trágico de esa transición y de lo que podría pasar si la reorganización no se corrige a tiempo.