El Gobierno colombiano aceptó reducir en 10 billones de pesos el presupuesto de gastos propuesto para 2026, pasando de 557 a 547 billones. Esta decisión fue tomada ante la falta de apoyo parlamentario para la cifra original.
Este recorte obliga también a revisar el tamaño de la reforma fiscal adjunta: inicialmente pensada para generar un efecto de 26,3 billones de pesos, la propuesta pasaría a alrededor de 16,3 billones.
Las comisiones económicas del Congreso tendrán un papel decisivo, pues deben aprobar tanto el presupuesto como los ajustes fiscales antes de fechas límite legislativas.
La medida refleja tensiones entre el Gobierno y el Legislativo, además de la necesidad de hacer concesiones para garantizar viabilidad política y fiscal de los proyectos de ley. Para los ciudadanos, esto podría significar menos recursos disponibles para algunos programas sociales, infraestructura, salud o educación, si los recortes se implementan sin compensaciones.
