Solo dos congresistas de Boyacá apoyan el proyecto que busca limitar los salarios a 20 salarios mínimos, evidenciando la desconexión de la mayoría con las demandas ciudadanas. El reciente proyecto de ley liderado por el senador Iván Cepeda, que propone reducir los salarios de los congresistas para que no excedan los 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), ha generado reacciones diversas dentro del ámbito político. Sin embargo, en el departamento de Boyacá, esta iniciativa ha evidenciado un preocupante desinterés de la mayoría de sus representantes. De los nueve congresistas boyacenses, únicamente Aida Avella Esquivel y Pedro Suárez Vacca han expresado su apoyo público a una medida que apunta a fortalecer la justicia social y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El respaldo de Suárez Vacca y Avella destaca no solo por su coherencia con un discurso progresista, sino también por la valentía política que implica desafiar el estatus quo de uno de los privilegios más controvertidos del Congreso colombiano: sus elevados salarios. Suárez Vacca manifestó su apoyo calificando el proyecto como un “paso firme hacia la justicia social”, mientras que Avella subrayó la responsabilidad que este tipo de iniciativas tiene para mejorar las finanzas del país. Ambos, a través de sus declaraciones en redes sociales, evidenciaron su compromiso con una causa que podría, de ser aprobada, significar un ahorro sustancial para el erario a partir de 2026.
No obstante, el silencio de los otros siete congresistas boyacenses deja entrever una falta de conexión con las demandas ciudadanas. En un contexto donde la desigualdad económica es persistente y los salarios de los congresistas son vistos como un símbolo de la desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía, el hecho de que la mayoría de los representantes de Boyacá no respalden esta propuesta resulta decepcionante.
La reducción de salarios no es simplemente una cuestión económica, sino también un mensaje simbólico. Respaldar este tipo de medidas implica reconocer la urgencia de equilibrar las dinámicas de poder y privilegio en un país que clama por mayor justicia social. A pesar del apoyo de Avella y Suárez Vacca, el panorama general plantea un cuestionamiento sobre el compromiso real de la representación política de Boyacá con los valores de equidad y responsabilidad que deben regir el servicio público.
