La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, y de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El pasado 26 de Noviembre ambos exfuncionarios enfrentan graves acusaciones que podrían derivar en su encarcelamiento preventivo, en un caso que combina corrupción, direccionamiento de contratos y presunta manipulación política.
Velasco, oriundo de Popayán y con una larga trayectoria política que incluye haber sido senador y alcalde de su ciudad natal, y Bonilla, quien ocupó un cargo estratégico en el Ministerio de Hacienda, son señalados de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, según la Fiscalía. La gravedad de los delitos ha llevado al ente acusador a solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando que los hechos habrían comprometido recursos millonarios destinados a la gestión de desastres naturales y emergencias.
Una red de contratos
De acuerdo con la investigación, la UNGRD habría adjudicado contratos millonarios a municipios específicos como Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), en lo que se describe como un mecanismo para asegurar apoyos políticos de congresistas. Los contratos, destinados supuestamente a atender emergencias, habrían funcionado como “moneda política” para garantizar votos en comisiones económicas del Congreso, donde se deciden créditos y recursos para el país.
Testimonios de exdirectivos de la UNGRD, acogidos mediante acuerdos de colaboración, han implicado directamente a Velasco y Bonilla en la supuesta red de corrupción. Según estas declaraciones, Velasco habría ordenado adjudicar contratos por cerca de 35.000 millones de pesos con el fin de favorecer a un grupo de congresistas, lo que configuraría un patrón sistemático de corrupción dentro de la entidad.
Aunque algunos de los contratos no llegaron a ejecutarse, la Fiscalía sostiene que los actos de direccionamiento y la manipulación de los recursos ya constituyen delitos tipificados. La situación, además de tener implicaciones judiciales, plantea un debate político sobre la integridad de la gestión pública y la transparencia en la administración de recursos críticos para la atención de desastres.
Polarización social
El caso UNGRD no solo pone en entredicho la actuación de exfuncionarios de alto nivel, sino que también representa un golpe significativo para la administración del presidente Gustavo Petro, dado que ambos exministros ocuparon cargos estratégicos en su gobierno. La opinión pública, especialmente en regiones afectadas por emergencias naturales, ha reaccionado con indignación ante la posibilidad de que recursos destinados a proteger a la población hayan sido utilizados con fines políticos.
