Una vivienda en el norte de la capital fue el centro de operaciones de una red criminal que explotaba menores de edad. Las autoridades ordenaron la confiscación del inmueble valorado en $1.000 millones.
La fachada engañosa
Lo que parecía una casa familiar en el barrio Prado Veraniego de Suba escondía en realidad un estudio de producción de pornografía infantil. El lugar estaba equipado con cámaras profesionales, sistemas de iluminación y conexiones de internet de alta velocidad para transmitir en vivo los abusos.
Los responsables identificados
Las investigaciones judiciales llevaron a la condena de Andrés Camilo Gómez Orozco por abuso sexual agravado, tras comprobar que obligó a una menor a realizar actos sexuales frente a las cámaras. Germán Alexander Bejarano Peña, quien arrendaba la propiedad, fue sentenciado por administrar la red de explotación y promover la prostitución infantil.
El caso que conmovió a las autoridades
En 2013, una niña de 13 años desapareció de su hogar y fue encontrada cautiva en esta vivienda. Durante dos días fue sometida a vejámenes que eran transmitidos en tiempo real a plataformas de pornografía. Su rescate solo fue posible gracias a la rápida acción de su madre y de la Policía de Infancia y Adolescencia.
La Fiscalía demostró que la dueña de la propiedad incumplió su obligación de vigilancia al arrendar el inmueble sin verificar las actividades de los inquilinos. Aunque alegó desconocimiento, su negligencia permitió que su propiedad se convirtiera en escenario de delitos atroces contra menores de edad.
La medida judicial no solo busca castigar a los responsables directos, sino enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias de permitir que propiedades sean usadas para actividades delictivas. El caso sienta un importante precedente en la lucha contra las redes de explotación sexual infantil en el país.
