En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, fueron capturadas siete personas, presuntamente vinculadas a una organización criminal acusada de captar y explotar sexualmente a menores de edad en la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades identificaron a los implicados como Deysi Liliana Castro Navarro, Héctor Manuel Molina Hernández, Waldo Enrique Miranda Carreño, Carlos Oved Villamizar Gelves, Alexander Adolfo Torres Paz, Diego Alejandro Vielma Márquez y Emir Armando González Palacios.
Durante el operativo, llevado a cabo en una vivienda del barrio Comuneros, fueron rescatadas cinco menores que estaban siendo explotadas sexualmente. Estas quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se encargará del restablecimiento de sus derechos. Además de las capturas, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos como cámaras, computadores y celulares, junto con 98 documentos de identificación pertenecientes a ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos colombianos, venezolanos, guatemaltecos y chilenos.
Los procesados fueron imputados por los delitos de trata de personas, pornografía en menor de 18 años, proxenetismo en menor de edad y falsedad material en documento público. Los cargos no fueron aceptados.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2024
Los presuntos integrantes de este grupo delincuencial fueron capturados… pic.twitter.com/T4u45Zgq4T
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas, pornografía, proxenetismo y falsedad en documento público. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, cinco de ellos fueron enviados a prisión, mientras que Carlos Oved Villamizar Gelves y Héctor Manuel Molina Hernández seguirán vinculados a la investigación sin medida de aseguramiento.
Según las investigaciones, esta red delictiva se dedicaba a captar a las víctimas, trasladarlas a una vivienda y, aprovechando su situación de vulnerabilidad, inducirlas a participar en transmisiones en vivo y grabaciones de contenido explícito. Estos videos eran posteriormente comercializados a través de redes sociales y plataformas digitales.




