En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fueron capturados ocho presuntos integrantes de una red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de oro en los departamentos de Antioquia y el sur de Bolívar. Esta organización presuntamente extraía el mineral de manera ilícita para destinarlo a mercados internacionales, como Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, con ganancias estimadas en más de 88.000 millones de pesos.
La investigación, que se desarrolló a partir del seguimiento de la ruta del oro extraído ilegalmente en el Bajo Cauca, reveló una red bien estructurada que incluía desde operarios en los yacimientos hasta empresarios encargados de blanquear el oro para su exportación. Entre los principales cabecillas capturados se encuentran:
- Edgar Harvey Vergara Díaz
- Hoffman Leandro Vergara Díaz
- Janeth Cecilia Díaz Correa
También fueron detenidos colaboradores clave que desempeñaban funciones como contadores y administradores de la organización, identificados como:
- Yerson James Zúñiga Mejía
- Liseth Carolina James Rueda
- Rosa Katerine Monsalve Cano
- Diana María Ríos Zapata
- Leidy Johana Patiño Muñoz
La Fiscalía ha evidenciado que la extracción del oro se realizaba con maquinaria pesada y el uso de sustancias químicas no registradas, lo que causó un daño ambiental significativo en los ecosistemas locales. Los responsables utilizaban documentos falsos para hacer pasar el oro como producto de minería artesanal, lo que permitía su comercialización en Medellín y Santa Rosa, desde donde se preparaba para su exportación.
La investigación descubrió que los ingresos reportados por la comercializadora no coincidían con las cantidades exportadas, señalando un presunto enriquecimiento ilícito de los involucrados. Ante estos hallazgos, la Fiscalía Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los detenidos cargos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimientos mineros y fraude procesal, delitos que podrían acarrear penas severas.
