Las dudas sobre la gestión del alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, han crecido en los últimos días luego de que se conociera que un vehículo compactador de residuos, adquirido por un valor de $1.329 millones, se ha varado dos veces en apenas una semana de funcionamiento.
La concejal Derly Parra fue quien denuncio esta situación, canalizando las inquietudes de la ciudadanía. Entre las denuncias está la presunción de que la caja compactadora del vehículo no sería nueva, lo que, sumado al alto costo del contrato, genera sospechas sobre posibles irregularidades en la compra.
Convenio
El contrato de adquisición del vehículo hace parte de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Granada y la Empresa de Servicios Públicos del municipio (E.S.P.G.), cuyo valor total asciende a $2.779 millones. Dicho convenio incluye la compra de otros equipos y vehículos para la optimización del servicio de recolección de residuos sólidos, como una bio trituradora, una volqueta y otra caja compactadora.
¿Malas inversiones?
Granada no es ajena a las polémicas por contrataciones cuestionables en administraciones anteriores. Casos de sobrecostos, equipos defectuosos y falta de supervisión han sido recurrentes en la gestión pública del municipio. Ahora, con este nuevo escándalo, las dudas sobre la transparencia de la administración Mendoza crecen.
El contrato señala que la Alcaldía debe supervisar la correcta ejecución del convenio y detectar cualquier irregularidad. Sin embargo, ante el evidente mal funcionamiento del compactador, ¿actuará el municipio con contundencia o simplemente se justificarán las fallas con excusas técnicas?
Controversia
A lo expresado por la concejal Derly Parra, se suman comentarios de ciudadanos que ponen en tela de juicio la transparencia del proceso de compra.
Uno de los habitantes del municipio manifestó: “lo compró de segunda y lo cobró como nuevo”. En esa línea, propuso que se consulte en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para verificar el modelo, historial y estado real del compactador.
Otro ciudadano manifestó su desconfianza sobre los procesos administrativos en la compra de este tipo de vehículos: “Esos carros de la basura los mandan a cambiar algo por ahí el 30 por ciento y el 70 por ciento lo legalizan. Por eso se pelean por el cargo, porque llegan demasiados billones de pesos”, insinuando la existencia de presuntas prácticas irregulares en la adquisición de maquinaria para el municipio.
A pesar de los interrogantes que rodean esta compra, hasta el momento el alcalde Juan Carlos Mendoza no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.
