Sin recursos ni respaldo: la Defensoría del Pueblo en la cuerda floja

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El proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026 presenta un recorte del 3 % al presupuesto de la Defensoría del Pueblo respecto a 2025. Esto implica una reducción estimada de 32,3 millones de dólares, lo que equivale a un 9,7 % menos de los recursos que la institución considera necesarios para operar eficazmente. Los recursos de inversión sufrirían una disminución del 30 %, lo cual compromete seriamente su capacidad de expansión y fortalecimiento regional.

¿Por qué es preocupante?

  • Inflación no considerada: pese a que el recorte oficial es del 3 %, al no contemplar una inflación cercana al 5 %, el impacto real se traduce en una disminución entre el 7 % y 8 % del poder adquisitivo y operativo de la Defensoría.
  • Persistencia en recortes: la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha señalado que estos recortes son sostenidos en los últimos dos años, señalando que países que promueven derechos humanos no pueden prescindir de esta herramienta institucional.

¿En qué contexto ocurre este recorte?

  • Violencia en aumento: Según la ONU (OCHA), en el primer semestre de 2025, unas 1,45 millones de personas fueron afectadas por distintos tipos de violencia —un dato que cuadruplica lo registrado en el mismo periodo de 2024. Sobrepasaron los 70.200 desplazamientos forzados, un aumento del 30 %. Además, los homicidios subieron un 3,1 % y los secuestros un 53 %.
  • Violencia electoral: En las elecciones locales de 2023, se contabilizaron 176 actos de violencia contra candidatos, seis de los cuales terminaron en asesinatos. La preocupación continúa de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026. La Defensoría advierte que sin presupuesto será imposible reforzar su monitoreo.
  • Déficit de cooperación internacional:
    • En junio de 2025, la ONU redujo casi la mitad de su personal en Colombia y cerró tres oficinas clave en regiones críticas.
    • La USAID suspendió el programa InspiraPaz, que tenía un valor de 20 millones de dólares y estaba enfocado en prevenir violaciones a los derechos humanos en zonas de conflicto.

Advertencias de organismos internacionales

  • Human Rights Watch (HRW) ha descrito el recorte como una amenaza grave para la protección de los derechos humanos, especialmente en un contexto ya vulnerable y con elecciones próximas. HRW hizo un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para reconsiderar esta medida.
  • ONU Colombia, semanas antes, ya había recomendado que no se redujeran los recursos destinados a la Defensoría y enfatizó que fortalecer esta entidad es “quizás la inversión más inteligente” para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del país.

Riesgos concretos

  • Deterioro en el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que previene y alerta a comunidades sobre escenarios de alto riesgo.
  • Reducción de la capacidad de documentación y respuesta frente a asesinatos de defensores de derechos humanos.
  • Imposibilidad de incrementar el monitoreo en zonas afectadas por violencia, especialmente en la coyuntura electoral.
  • Disminución de presencia institucional en regiones vulnerables, mayor desprotección para comunidades en riesgo.

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