Bogotá, 1 de septiembre de 2025 — Human Rights Watch (HRW) emitió una fuerte advertencia contra la propuesta del Gobierno colombiano de reducir el presupuesto para la Defensoría del Pueblo en el marco del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026. La ONG internacional considera que esta medida representa un riesgo grave para la protección de los derechos humanos, especialmente en un contexto de creciente violencia y precariedad institucional.
Magnitud del recorte
- El Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea una reducción de 3 % en el presupuesto de la entidad con respecto a 2025, equivalente a una pérdida de 32,3 millones de dólares, lo cual representa un déficit del 9,7 % respecto al monto que la Defensoría considera necesario para operar con eficacia.
- Además, los recursos de inversión —destinados a fortalecer la capacidad operativa y ampliar la cobertura regional— sufrirían un recorte del 30 %, lo que limita gravemente su alcance.
Contexto de violencia y crisis humanitaria
- La violencia continúa arrojando cifras alarmantes: en el primer semestre de 2025, aproximadamente 1,45 millones de personas fueron afectadas por el conflicto, cifra que cuadruplica la del mismo periodo de 2024; además, hubo más de 70 200 desplazamientos forzados (30 % más que en todo 2024), un aumento del 44 % en confinamientos, un incremento del 3,1 % en homicidios y un agravamiento del 53 % en secuestros, según datos de la ONU y el Gobierno.
- Colombia también se posiciona como uno de los países con más defensores de derechos humanos asesinados en el mundo: más de 1 500 líderes sociales y defensores han sido asesinados desde 2016.
Voces clave
- Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, enfatiza: “En medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el próximo año, es fundamental que la Defensoría del Pueblo cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su labor; al reducir esta capacidad en un momento crítico, se están socavando las herramientas necesarias para proteger a la población”.
- Iris Marín, Defensora del Pueblo, alertó ante la Cámara de Representantes que este recorte afectaría seriamente el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y debilitaría el monitoreo de amenazas, asesinatos de defensores de derechos humanos y la protección durante el ciclo electoral de 2026.
- A su vez, la delegación de la ONU en Colombia instó al Gobierno y al Congreso a no recortar presupuesto, considerando que dotar financieramente a la Defensoría es “quizás la inversión más inteligente” para prevenir la violencia y garantizar una paz sostenible.
¿Por qué es clave defender este presupuesto?
- La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución en 1991, es uno de los pocos organismos independientes con mandato de promover, proteger y garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.
- Con los recortes planteados, el país enfrenta el riesgo de debilitar una de sus principales instituciones encargadas de responder a crisis humanitarias, violencia política y protección de comunidades vulnerables en pleno período electoral.
