El futuro deportivo de Colombia quedó en la cuerda floja tras las advertencias hechas en el Congreso sobre el proyecto de ley 102 de 2025, que contempla una drástica reducción de recursos para el Ministerio del Deporte. La alerta fue lanzada por congresistas que advirtieron que el recorte pondría en riesgo la preparación de atletas de alto rendimiento, frenaría programas de formación y comprometería hasta el 81 % del plan operativo de la entidad.
De acuerdo con las denuncias, la propuesta del Gobierno plantea disminuir en un 75 % el presupuesto frente al primer año de mandato y en un 33 % con relación a la vigencia anterior. Un ajuste que no solo impactaría el ciclo olímpico, sino también la recreación, las ligas y las escuelas deportivas en todo el país.
Los críticos señalaron que semejante reducción dejaría en entredicho la participación de Colombia en los próximos compromisos internacionales. “El ciclo olímpico quedaría seriamente comprometido. Con menos recursos se cierran las puertas a los sueños de miles de atletas”, señalaron.
Frente a esta situación, varios legisladores presentaron una proposición modificatoria para reasignar más de 555.000 millones de pesos al sector, con el fin de garantizar la continuidad de los programas estratégicos y evitar un “apagón deportivo” que golpearía a jóvenes talentos y profesionales del alto rendimiento.
Además, confirmaron su respaldo a la concentración nacional convocada por el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico para exigir un presupuesto digno. Advirtieron que el ajuste no solo afecta a quienes compiten por medallas, sino también a entrenadores, federaciones y familias que dependen de este ecosistema.
La controversia encendió el debate público: mientras el Ejecutivo defiende el ajuste para sanear las finanzas, opositores insisten en que el verdadero costo lo pagarán los deportistas. Lo cierto es que, de concretarse, Colombia llegaría debilitada al próximo ciclo olímpico y con un evidente retroceso en política deportiva.
