En el proyecto presentado en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. que busca recortar drásticamente la asistencia financiera a Colombia se plantean serias denuncias. En primer lugar, el presunto consumo de drogas en altos niveles del gobierno del presidente Gustavo Petro; en segundo puesto, supuestas irregularidades en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

La iniciativa, lesiva a los intereses del país, es impulsada por el congresista Mario Díaz-Balart, quien mantiene una tensa confrontación pública con el presidente Gustavo Petro desde principios de 2025, en medio de un clima cada vez más deteriorado en las relaciones bilaterales.

El enfrentamiento directo entre Díaz-Balart y Petro se remonta a enero de 2025, cuando protestas, acusaciones mutuas y llamados a consultas diplomáticas profundizaron la crisis bilateral. Díaz-Balart, miembro influyente del Congreso con fuerte posición anti-Petro, ha acusado abiertamente al mandatario colombiano de vínculos con organizaciones ilícitas, mientras que Petro ha denunciado presuntas conspiraciones del ala extrema derecha estadounidense, señalando a diputados como Díaz-Balart de intentar desestabilizar su gobierno.

La tensión llegó a su punto máximo tras la revelaciones de una grabación clandestina al excanciller Álvaro Leyva, donde se mencionaba un supuesto acercamiento con congresistas estadounidenses para asestar un golpe de Estado contra Gustavo Petro. El mandatario enfiló baterías contra Díaz Balart, quien a su vez, en respuesta, cuestionó en términos altamente despectivos la integridad y salud mental del mandatario colombiano, lanzando duras acusaciones sobre una supuesta dependencia a las drogas.

¿Cara retaliación?

El Congreso estadounidense, especialmente a través de figuras como Díaz-Balart, discute ahora medidas restrictivas que afectarían la ayuda económica y militar a Colombia, cuyo marco histórico se ha centrado en los últimos años alrededor de la cooperación estratégica en la lucha antidrogas y temas de seguridad.

El cambio legislativo surge en momentos en que la administración Petro enfrenta cuestionamientos internos y externos sobre su gestión y manejo de casos emblemáticos, como el proceso judicial contra Álvaro Uribe, cuyo juicio ha sido cuestionado por supuestas irregularidades, en semejanza con el caso Bolsonaro en Brasil.

Desde Washington, la presión es clara: se exige al gobierno colombiano la adopción de «pasos concretos» para mejorar la relación y evitar daños mayores a los intereses binacionales, especialmente en narcotráfico, comercio y migración. Petro, en contraposición, ha insistido en denunciar lo que considera una injerencia estadounidense en la soberanía nacional y ha llamado a su defensa con un discurso encendido y polarizador

De no llegarse a un acuerdo y si el Congreso estadounidense tiene en cuenta las objeciones de Díaz-Balart, se presentaría una sustancial reducción en la ayuda brindada a Colombia. Según el congresista, se mantendrá el apoyo a las fuerzas armadas y la Policía en cuanto a combate al narcotráfico, pero el respaldo económico a otros programas tendría una reducción del 50%.