En Buga, las autoridades ofrecieron $50 millones por información sobre un doble homicidio. La medida se suma a las recompensas anunciadas en Cali, Tuluá y Palmira, reflejando un patrón preocupante: cada crimen se enfrenta con dinero, no con resultados.
La crítica es clara: el gobierno departamental de Dilian Toro ha perdido el control y la violencia se multiplica mientras la institucionalidad se reduce a comunicados. En este escenario, Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle, aparece como símbolo de una gestión que no logra contener la crisis. Su despacho parece más una oficina de rifas que un ente de autoridad.
El Valle no necesita más montos anunciados, sino presencia real y acciones contundentes. De lo contrario, seguirá siendo un territorio donde el crimen manda y el Estado apenas paga por información.
