El reclutamiento forzado dejó de ser un fenómeno asociado únicamente a la guerra y a los menores de edad.
Hoy es un mecanismo de las economías criminales que afecta a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo advierte que 396 municipios están bajo riesgo por esta práctica y que los 32 departamentos tienen al menos un territorio en alerta.
El suroccidente, con Cauca y Valle del Cauca a la cabeza, es uno de los epicentros más graves.
El conversatorio organizado por la UAV y ProPacífico reunió a autoridades locales, representantes de la Defensoría, organizaciones sociales y analistas de seguridad.
Las voces coinciden: el reclutamiento está mutando, crece y se diversifica, y exige respuestas que vayan más allá de la seguridad militar.
Más que un delito, una economía criminal
“En la región hablamos no solo de reclutamiento de menores, sino de reclutamiento constante de personas, jóvenes y adultos”, explicó Rocío Gutiérrez, directora de proyectos de la Fundación Sidoc.
El delito, que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de los menores, hoy se ha expandido a otros segmentos de población.
Ya no se trata únicamente de captar a un niño o adolescente para que ingrese a un grupo armado, sino de ofrecer ingresos rápidos y estatus social en medio de la precariedad económica.
El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el microtráfico han convertido el reclutamiento en un engranaje de la economía criminal.
El caso de Caloto: miedo y subregistro
En municipios como Caloto, en el norte del Cauca, el reclutamiento forzado es parte del día a día. Su alcalde, Óscar Cifuentes, describió la crudeza del fenómeno: “El año pasado, oficialmente, solo registramos un caso a través de la Comisaría de Familia, pero el subregistro supera los 17. La gente teme denunciar, y muchas veces el reclutado tiene un familiar en las filas de los grupos armados”.
El testimonio revela que los actores ilegales han perfeccionado sus métodos de captación. Los jóvenes reciben pequeñas sumas de dinero a cambio de hacer mandados, el préstamo de una motocicleta para desplazarse o incluso el “endulzamiento” de portar un arma como símbolo de poder.
Ese proceso de seducción desemboca en compromisos cada vez más grandes hasta que el muchacho termina vinculado a la organización.
A ello se suma la presión de los cultivos ilícitos. Según el alcalde, en Caloto hay más de 700 hectáreas sembradas con coca y marihuana.
“El narcotraficante llega al sitio, paga por adelantado, compra la cosecha antes de que se produzca. No hay cultivo lícito que compita con esa rentabilidad”, advirtió.
Redes sociales: nuevos campos de batalla
El reclutamiento también se ha transformado en las ciudades. En Cali, prácticas como el “güireo” y el “chacaleo” —peleas juveniles que comenzaron como enfrentamientos barriales— se convirtieron en semilleros de bandas criminales.
Estos escenarios atrajeron la atención de actores ilegales que vieron en los jóvenes una mano de obra disponible.
Además, las redes sociales se han consolidado como un canal de captación. Desde cuentas que prometen dinero fácil y proyectos de vida, hasta contactos directos que ofrecen pertenencia a grupos, el entorno digital se ha convertido en un espacio donde la ilegalidad engancha a menores y jóvenes.
La dimensión nacional
La Defensoría del Pueblo y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentaron un panorama preocupante: tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, el mapa del conflicto se fragmentó.
Pasamos de tres actores principales (FARC, ELN y paramilitares) a más de nueve estructuras criminales, incluidas disidencias, bandas independientes y grupos transnacionales.
Esa recomposición territorial disparó los riesgos de reclutamiento. “Hoy la población joven está en el centro de la disputa”, señaló Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.
