Reclutamiento de menores

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ONGs ven "insuficientes" medidas para evitar que la guerrilla reclute niños  | Vanguardia.com

La Defensoría del Pueblo informó sobre 184 casos de reclutamiento forzado de menores en el año 2023, siendo 110 niños y adolescentes y 74 niñas y adolescentes las víctimas identificadas. Las edades de los menores oscilaron entre los 9 y 17 años, con un mayor número concentrado en el rango de 14 a 17 años, sumando 123 casos. Además, el 68,4% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, lo que destaca la vulnerabilidad de este grupo poblacional frente al delito.

Departamentos

El departamento más afectado fue Cauca, con 125 casos, seguido por Norte de Santander con 14, Nariño con 10, y otros departamentos como Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, y Caquetá, con números menores pero igualmente preocupantes. Según la Defensoría del Pueblo, las facciones disidentes de las FARC fueron responsables del 91,1% de los casos, seguidas por el ELN con el 7%.

La falta de un sistema de información confiable contribuye a que estos números no reflejen completamente la realidad del reclutamiento de menores en Colombia. La manipulación y uso de los niños por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una preocupación central.

Protocolos

En respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a implementar un protocolo de atención y soporte especializado para garantizar los derechos de los menores afectados. Aunque algunos acuerdos de cese al fuego incluyen la prohibición específica de reclutar menores, la problemática persiste.

Rescate

El Ejército Nacional también informó sobre el rescate de 436 menores que estaban en poder de grupos armados ilegales en 2023. Además, se realizaron más de 13.500 capturas de integrantes de estos grupos, destacando la contundencia de las operaciones militares en varios departamentos del país.

En resumen, el reclutamiento forzado de menores sigue siendo un desafío grave en Colombia, con impactos devastadores en la vida de los niños y en la seguridad del país en general. La lucha contra este fenómeno requiere esfuerzos continuos y coordinados entre el Gobierno, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en su conjunto.


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