Freddy Andrade, líder del municipio de Obo, denunció públicamente que los campesinos, comerciantes y trabajadores rurales están siendo perjudicados por el cobro del peaje de Laberinto, el cual empezó a operar hace más de un mes sin aplicar la tarifa diferencial que había sido prometida por la ANI.
De acuerdo con Andrade, cada viaje hacia sus fincas o lugares de trabajo implica pagar $12.000 por trayecto, lo que representa un alto costo diario para quienes dependen del transporte constante. “Estamos prácticamente limitados en nuestros propios territorios; nuestras fincas están después del peaje y no podemos acceder sin pagar una tarifa plena”, señaló.
Promesas incumplidas
El líder recordó que durante la visita del director de la ANI, en presencia del gobernador del Huila y varios alcaldes, se acordó una tarifa preferencial para los habitantes de los municipios afectados, entre ellos Obo, Gigante y Tesalia. Sin embargo, hasta la fecha, ningún ciudadano ha recibido dicho beneficio.
Además, denunció que los requisitos exigidos por la entidad son “inalcanzables”, ya que solicitan escrituras y certificados de libertad y tradición que muchos campesinos o arrendatarios no poseen. Por ello, propuso que las administraciones municipales sean las encargadas de certificar la residencia de los beneficiarios.
Andrade hizo un llamado al gobernador, la ANI y los diputados del Huila para conformar una mesa de concertación que permita revisar los requisitos y aplicar una tarifa justa. “No queremos vías de hecho, pero si no somos escuchados, tomaremos medidas colectivas”, advirtió.
La comunidad espera respuestas prontas que alivien la carga económica y restituyan el derecho al libre tránsito por su propio territorio.
