Rechazan tutela del Cabildo Indígena San José de Julumito

La discordia ha estado marcada por intentos de invasión y episodios violentos.
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El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Primera emitió un fallo denegando todas las pretensiones presentadas en una acción de tutela por el Cabildo Indígena San José de Julumito. La acción tenía como objetivo la restitución del inmueble en la zona del occidente de Popayán, denominado Finca El Limonar – Los Balcones, el cual está legalmente registrado como propiedad de Provitec-Asoinca, representada por su presidente Fernando Vargas Navia y el secretario José Aureliano Guzmán Pino. 

La razón principal para declarar la improcedencia de la acción legal fue el hecho de que la misma se presentada simultáneamente en dos juzgados de Bogotá, siendo este acto calificado como temerario por parte del tribunal. Además, el fallo se basó en diversas consideraciones que respaldaron la posición de la parte demandada, que incluye instituciones estatales como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, y la parte involucrada, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca ASOINCA.

Según se informó, los profesores tomaron posesión legal del predio después de cuatro años de negociaciones en una mesa de trabajo con el Cabildo de Julumito, la cual no logró avanzar en sus objetivos. El conflicto ha sido caracterizado por múltiples intentos de invasión a la finca, reportándose hasta 21 oportunidades en las cuales individuos han ingresado ilegalmente al lugar.

Un incidente destacado en diciembre del año pasado; durante la última invasión, se registró un acto violento que casi resulta en la amputación de la mano de un docente. Este suceso agravó la situación, llevando a la detención de tres individuos pertenecientes al Cabildo de Chimborazo de Morales. Dichas personas fueron capturadas bajo cargos de tentativa de homicidio e invasión a propiedad privada.

La resolución tiene la importancia de respetar los procedimientos legales y busca poner fin a una disputa por terrenos que ha escalado en violencia y tensión en la región del occidente de Popayán.

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