Un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años en Bogotá fue recapturado el 7 de julio en Manta, Cundinamarca, tras permanecer prófugo por más de un mes. Su liberación inicial, consecuencia de un “error procedimental” en su detención, generó una ola de indignación en la comunidad y protestas en el barrio Verbenal de Usaquén, donde ocurrió el delito. La ciudadanía exigió justicia ante lo que consideraron un fallo inadmisible del sistema judicial, que permitió al sospechoso evadir temporalmente la acción de la ley.
Operativo
La recaptura se logró gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Cundinamarca. El coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al prófugo, quien fue presentado ante un juez que ordenó su reclusión en un centro carcelario. “Este resultado refleja nuestro compromiso con la seguridad y la protección de los menores en el país”, afirmó Serna, destacando el esfuerzo institucional para corregir el error inicial.
Antecedentes
El acusado, identificado como José Joaquín Dueñas Moreno, enfrentará cargos por acceso carnal violento con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. Las autoridades revelaron que el hombre ya tenía antecedentes por acceso carnal violento desde 2002, lo que intensificó la indignación ciudadana. La liberación de Dueñas Moreno el pasado 25 de mayo desató disturbios en el norte de Bogotá. Vecinos de Verbenal bloquearon vías, protestaron frente al CAI del sector e intentaron linchar al sospechoso. La intervención del ESMAD, con gases lacrimógenos, dejó varios afectados, incluidos residentes que sufrieron los efectos dentro de sus hogares.
Con esta recaptura, las autoridades buscan enmendar la “falla grave” en el procedimiento judicial y garantizar justicia para la víctima y su familia. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema penal para proteger a los menores y evitar que errores administrativos comprometan la seguridad ciudadana. La comunidad espera que este desenlace marque un precedente en la lucha contra la impunidad.
