La reciente rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de las agencias Moody’s y Standard & Poor’s (S&P) ha generado preocupación en distintos sectores del país. Moody’s bajó la nota de Baa2 a Baa3, mientras que S&P redujo su calificación de BB+ a BB, ambas con perspectivas negativas o estables, lo que refleja un deterioro en la confianza sobre la capacidad del país para manejar sus finanzas públicas. Esta decisión implica que Colombia se acerca a perder el grado de inversión, un estatus que facilita el acceso a créditos internacionales en mejores condiciones.
El presidente Gustavo Petro atribuyó directamente la rebaja en la calificación a la negativa del Congreso de aprobar una reforma tributaria, que según su opinión era clave para mejorar las finanzas públicas.
En un mensaje en su cuenta de X, Petro indicó que “eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento”, y agregó que el país habría ganado con esa ley, la cual incluía beneficios para las empresas y buscaba aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, de acuerdo con analistas económicos, un factor importante en la decisión de las agencias calificadoras se relaciona con la reciente suspensión de la regla fiscal por parte del gobierno Petro. Esta regla, que desde 2011 ha funcionado como un compromiso para mantener el déficit fiscal y la deuda pública dentro de límites sostenibles, fue suspendida temporalmente mediante la activación de la llamada “cláusula de escape”. Esta medida, aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal, permite al gobierno gastar más allá de los límites establecidos para enfrentar la coyuntura, pero a la vez genera desconfianza en los mercados internacionales. Moody’s advirtió que esta suspensión es una señal negativa para el perfil crediticio del país, pues aumenta el riesgo de que la deuda siga creciendo sin un control claro, lo que contribuye a la rebaja de la calificación.
Para el ciudadano común, la rebaja en la calificación crediticia tiene un impacto en el bolsillo. Al aumentar la percepción de riesgo sobre Colombia, el costo de financiar la deuda pública sube, lo que puede traducirse en mayores tasas de interés para créditos y préstamos. Además, el gobierno podría verse obligado a ajustar el gasto público o aumentar impuestos para equilibrar las cuentas, afectando servicios y programas sociales. También se puede esperar que la inversión extranjera disminuya, lo que limita la creación de empleo y el crecimiento económico.
El Ministerio de Hacienda ha respondido señalando que estas decisiones se dan en un contexto fiscal retador, pero que los fundamentos económicos del país siguen siendo sólidos. Sin embargo, reconocen que la demora en implementar medidas estructurales para consolidar las finanzas públicas ha generado esta percepción negativa por parte de las calificadoras. El ministro Germán Ávila presentó recientemente un paquete que incluye la suspensión temporal de la regla fiscal y una nueva reforma tributaria para aumentar la recaudación, pero los mercados aún esperan señales claras de estabilidad.
