La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de ocho años de prisión contra exdirector del Banco Agrario en el Huila
El más alto tribunal de justicia del país ratificó la condena contra Ildefonso Atahualpa Polanco, quien fuera director de la sucursal del Banco Agrario en el municipio de Colombia, Huila, por haber solicitado dinero a dos mujeres cabeza de familia a cambio de la aprobación de un crédito rural.
El caso se remonta a octubre de 2007, cuando Amparo Reyes Prieto y Clara Inés Sierra Roa, representantes de una organización comunitaria llamada Nazarenos de Dios Bien Amado, integrada por 38 madres cabeza de hogar, acudieron a la entidad bancaria para tramitar un préstamo por $9.500.000, con el propósito de invertir en un proyecto de ganadería.
Exigir sobornos
Según el testimonio de las víctimas, al salir del banco fueron abordadas por el mismo gerente, Atahualpa Polanco, quien les ofreció ayuda con la aprobación del crédito, pero a cambio de un “apoyo económico” de 500 mil pesos por cada una. La propuesta fue entendida por las solicitantes como un soborno necesario para acceder al beneficio financiero, lo cual fue denunciado ante las autoridades.
Inicialmente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva desestimó las pruebas presentadas en el juicio oral, argumentando que la exigencia de dinero no fue contundente ni comprobada de manera categórica. Como resultado, el funcionario fue absuelto del delito de concusión.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y las víctimas apelaron la decisión. El caso llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, la cual revocó la sentencia absolutoria y condenó al exdirector a ocho años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Igualmente, fue inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos.
Confirmación de condena
La sentencia también establece que Ildefonso Atahualpa Polanco no podrá acceder a ningún tipo de beneficio penal sustitutivo, como prisión domiciliaria, y ordena su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario.
La defensa del exfuncionario impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el alto tribunal confirmó en segunda instancia todos los aspectos del fallo del Tribunal de Neiva, cerrando definitivamente el proceso judicial y dejando en firme la condena por corrupción.
Este caso refleja la gravedad de la corrupción en entidades que gestionan recursos para comunidades vulnerables, en especial en zonas rurales. Las víctimas, líderes de madres comunitarias, confiaron en la justicia y hoy celebran que se haya hecho valer la verdad.
