En un fallo que generó amplio interés en la comunidad de Puerto López, el Tribunal Administrativo del Meta decidió no acoger la solicitud de pérdida de investidura interpuesta contra el concejal Jhon Ermel Ríos. La acción, presentada por un grupo de ciudadanos y con el aparente respaldo del alcalde local, alegaba un presunto conflicto de intereses en las actuaciones del edil. Sin embargo, tras analizar los argumentos, el tribunal determinó que no existían fundamentos jurídicos suficientes para avanzar con la solicitud.
Acusaciones
El proceso, que había despertado tensiones políticas en el municipio, giraba en torno a la supuesta incompatibilidad entre el rol de Ríos como concejal y sus acciones relacionadas con decisiones administrativas del Concejo Municipal. Los demandantes sostenían que el edil habría incurrido en faltas graves al intervenir en asuntos en los que tendría intereses personales, pero esta acusación fue desacreditada por la magistratura.
La defensa de Ríos presentó pruebas contundentes que respaldaban la legalidad de su actuar, además de resaltar que no había evidencia de beneficio propio ni violación de las normas de inhabilidades e incompatibilidades. En su fallo, el Tribunal Administrativo concluyó que los elementos aportados por los demandantes no demostraban ninguna irregularidad que ameritara la pérdida de investidura, garantizando así la continuidad de Jhon Ermel Ríos en su cargo.
Respaldo
Para Ríos, esta decisión representa una victoria no solo personal, sino también política, al demostrar que las acusaciones en su contra carecían de fundamento. El concejal, conocido por su postura crítica frente a algunas decisiones de la administración municipal, agradeció el respaldo de la comunidad y reiteró su compromiso con el desarrollo de Puerto López. “Esta decisión me da más fuerzas para seguir trabajando por mi pueblo y por la transparencia en la gestión pública”, declaró al conocerse el fallo.
Por su parte, los demandantes y quienes respaldaron la acción, incluido el alcalde, no han emitido declaraciones oficiales tras el revés judicial. Sin embargo, sectores políticos locales interpretan el resultado como un golpe a las dinámicas de presión que, según ellos, buscaban silenciar las voces independientes en el Concejo Municipal.
El caso de Jhon Ermel Ríos se convierte en un precedente sobre cómo la justicia actúa para en pro de los derechos de los servidores públicos frente a acusaciones, que presuntamente, se presentan sin fundamento, dejando un mensaje claro sobre la importancia de respetar los procedimientos legales y evitar el uso de estrategias judiciales como herramienta de confrontación política. Con esta decisión, el edil reafirma su lugar como representante de los intereses ciudadanos en un contexto político que sigue siendo altamente polarizado.
