La procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental de Tunja presentó demanda para la protección de derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el departamento de Boyacá, la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB S.A. E.S.P.), el municipio de Ráquira y la Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Ráquira (Hidroráquira), con el objeto de que se ampararan los derechos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación con la potabilidad del agua de la localidad.
En fallo de primera instancia, el Tribunal ordenó al departamento de Boyacá (a través de su Secretaría de Salud) y a la CAR, en coordinación con Hidroráquira y el municipio de Ráquira actualizar el mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano y elaborar un plan de acción para gestionar y solventar los factores de riesgo de las fuentes de agua aferentes a todos y cada uno de los puntos de captación de los acueductos urbano y rurales de Ráquira.
Al departamento de Boyacá (a través de su Secretaría de Salud) le ordenó remitir copia de los informes de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de las redes de distribución de los acueductos (urbanos y rurales) del municipio de Ráquira, en el marco de los procesos básicos y ordinarios de vigilancia.