El Consejo de Estado ha decidido reactivar y acelerar el proceso de nulidad electoral en contra de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y otros mandatarios regionales del país. Este proceso se centra en la presunta violación de normas electorales por parte de Cortés y otros gobernadores, quienes habrían mostrado apoyo público a candidatos de partidos o coaliciones diferentes a las que inicialmente los respaldaron durante su elección.
Origen del proceso
Uno de los hechos que ha impulsado este proceso judicial ocurrió en el municipio de Puerto López, donde la gobernadora Cortés habría mostrado su apoyo a Jhon Ermel Ríos, quien fue candidato a la alcaldía de ese municipio por el partido Alianza Verde. Según las acusaciones, este apoyo público se dio en un contexto donde la normativa electoral exige a los mandatarios mantener la neutralidad en los procesos electorales y no intervenir en favor de candidatos que no pertenecen a su propia coalición política.
El acto de respaldar públicamente a Ríos, quien no formaba parte de la coalición política de Cortés, ha sido considerado como una posible infracción de las leyes electorales. En Colombia, los gobernadores y otros funcionarios electos están sujetos a estrictas reglas de imparcialidad durante las campañas electorales, y cualquier acción que sugiera apoyo a un candidato podría desencadenar sanciones severas, incluyendo la nulidad de su elección.
