El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, puso bajo la lupa la situación financiera que estaría afectando la prestación de los servicios de salud en Caquetá, particularmente en el Hospital Departamental María Inmaculada. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer las circunstancias y determinar si existen posibles responsabilidades disciplinarias.
La actuación pretende establecer si las dificultades relacionadas con el flujo de recursos y el represamiento de cartera de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas estarían comprometiendo el funcionamiento administrativo, financiero y asistencial del principal centro hospitalario del departamento.
De acuerdo con la queja que llegó al Ministerio Público, la situación habría ocasionado retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir compromisos con proveedores. También se busca establecer si estas condiciones habrían provocado reducciones o suspensiones de servicios y personal.
La Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para determinar el alcance de las presuntas irregularidades, establecer las circunstancias que rodean la situación y precisar eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Dentro del proceso también se dispuso trasladar una queja contra el ministro de Salud y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa, dependencia que tiene competencia disciplinaria sobre esos funcionarios. La investigación continuará con la recopilación de información y documentación relacionada con el manejo de los recursos y las obligaciones pendientes del hospital.
