El líder social denuncia presunta cercanía entre el diputado Armando Acuña y la Procuraduría que lo investiga
Una nueva polémica sacude la política regional tras las denuncias presentadas por el líder social Kevin Arrigui, quien señala un presunto conflicto de intereses en la investigación que la Procuraduría adelanta contra el diputado José Armando Acuña. La razón: su hijo, Andrés Felipe Acuña, trabajaría en la misma entidad encargada de definir el destino disciplinario de su padre.
Denuncias
El caso de Armando Acuña no es nuevo. Hace más de dos años, Arrigui y otros líderes sociales interpusieron una denuncia por presuntas irregularidades en su gestión. Desde entonces, la Procuraduría ha mantenido la investigación en curso, sin avances significativos ni sanciones. Ahora, con la revelación de la supuesta vinculación familiar dentro del ente de control, surgen serios cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Para Arrigui, esto es una muestra más de cómo las estructuras de poder protegen a quienes deberían ser investigados. “Los mismos que deberían sancionar a los bandidos terminan siendo sus amigos, familiares o fichas puestas ahí para protegerlos”, expresó el líder social en un comunicado público. Según él, este caso evidencia un patrón en el que la clase política se blinda ante cualquier intento de justicia.
El caso de Acuña ilustra una práctica que ha sido denunciada en múltiples ocasiones a nivel nacional: el uso de influencias para dilatar, entorpecer o incluso archivar investigaciones en contra de figuras de poder. Aunque la Procuraduría no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la relación laboral de Andrés Felipe Acuña en la entidad, la sola posibilidad de este vínculo genera suspicacias.
Caso
Expertos en derecho consultados para este artículo advierten que, de confirmarse la relación familiar dentro del proceso disciplinario, se configuraría una falta grave en términos de transparencia. “En estos casos, se debería apartar a cualquier funcionario con vínculos directos con el investigado. De lo contrario, se estaría vulnerando el principio de imparcialidad”, señaló un abogado especializado en derecho disciplinario.
Mientras tanto, la ciudadanía y sectores sociales exigen respuestas. La desconfianza en las instituciones es un fenómeno que crece cada día más en el país, alimentado por casos como este. En redes sociales, la indignación se ha hecho evidente, con cientos de mensajes cuestionando la efectividad de los órganos de control y preguntándose si realmente habrá justicia.
Por ahora, la pelota está en la cancha de la Procuraduría. ¿Responderá a los señalamientos y garantizará una investigación independiente? ¿O será este otro caso en el que la justicia se diluye en los lazos de poder? Lo cierto es que, mientras el proceso sigue en suspenso, la impunidad sigue siendo la sombra que cubre a la política huilense.
