Después de 151 días de plantón pacífico en el Peaje Puente Amarillo, ubicado en la vía a Restrepo, las autoridades intervinieron para despejar el lugar y restablecer el cobro del peaje. La medida fue adoptada tras una orden emitida desde la Gobernación del Meta, bajo la dirección de Rafaela Cortés, para evitar alteraciones del orden público.
Desde horas de la mañana, funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio solicitaron a los manifestantes retirarse de manera voluntaria, argumentando la necesidad de preservar la tranquilidad en la región. Sin embargo, los protestantes, que durante meses permanecieron expuestos al sol y la lluvia, resistieron hasta ser apartados por la fuerza pública.
Cobro
A partir del 30 de diciembre de 2024, el p eaje Puente Amarillo reanudó su operación con una tarifa actualizada de 5.100 pesos para automóviles de categoría uno. Esta decisión generó inconformidad en la comunidad, que considera la medida como un abuso económico. Además, la concesionaria Covioriente anunció incrementos en otros peajes de la región: Veracruz, ubicado en el tramo Cumaral-Paratebueno, pasó a costar 9.200 pesos, y San Pedro, en la vía Villanueva – Monterrey, aumentó a 11.600 pesos.
Estos ajustes tarifarios impactan directamente a los conductores y comunidades de los municipios cercanos, quienes deberán ajustar sus presupuestos ante el aumento en los costos de movilización por el corredor vial.
Logros
A pesar del desalojo, los manifestantes destacan los avances alcanzados durante los cinco meses de protesta. En un comunicado emitido el mismo día, señalaron que lograron: 1: Ahorrar aproximadamente 13.000 millones de pesos a las comunidades que utilizan el corredor vial. 2: Dinamizar las economías locales de Restrepo y Cumaral, con un impacto estimado de 7.000 millones de pesos en los comercios y trabajadores de la región. 3: Reactivar una demanda de acción popular que llevaba cinco años detenida, la cual está próxima a entrar en la etapa de pruebas y fallo. 4: Presentar una demanda de nulidad simple contra el peaje por falta de soporte técnico en su instalación. 5: Visibilizar a nivel nacional el impacto económico negativo de este peaje y presentar propuestas técnicas viables, aunque rechazadas por el gobierno.
Lucha
Los voceros del movimiento recalcaron que, aunque fueron desalojados, no abandonarán la causa. “Volveremos cuando las comunidades lo decidan, con mayor fuerza, organización y determinación para retirar este peaje que tanto afecta la economía de nuestros municipios”, indicaron en su comunicado.
La situación en el Peaje Puente Amarillo evidencia la tensión entre las necesidades económicas de las concesiones viales y el descontento social de las comunidades afectadas. Mientras tanto, los habitantes de la región siguen buscando alternativas para mitigar el impacto de las tarifas en sus economías locales.
