¿Qué puedo hacer si un menor fue violado o accedido carnalmente? Ante una situación de abuso o agresión sexual contra un menor de edad, es fundamental actuar con rapidez y decisión. La víctima o cualquier adulto que tenga conocimiento del hecho puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Si el menor no cuenta con un acompañante, la Fiscalía designará un Defensor de Familia para que lo asista durante todo el proceso. Las denuncias pueden radicarse en los Centros de Atención a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), en las Salas de Atención al Usuario (SAU) o en las Casas de Justicia.
Si por alguna razón no es posible acudir directamente a la Fiscalía, la persona puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano o a la Comisaría de Familia de su municipio. Estas entidades están facultadas para recibir la denuncia y remitirla de inmediato a la autoridad competente. En casos urgentes, esta acción permite activar rápidamente los protocolos de protección para el menor y la realización de los actos urgentes necesarios.

¿Qué puedo hacer si un menor fue violado o accedido carnalmente?
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Posteriormente, la Fiscalía remite al menor al Instituto de Medicina Legal para realizar exámenes médicos y psicológicos que permitan valorar su estado de salud. Es importante señalar que los CAIVAS cuentan con personal médico especializado para brindar atención inmediata. Durante este proceso, el menor recibe acompañamiento integral y, si el agresor es parte del núcleo familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activará sus servicios para protegerlo y brindarle apoyo psicológico o psiquiátrico.
La legislación colombiana establece penas severas para quienes cometan delitos sexuales contra menores. La pena privativa de libertad oscila entre doce (12) y veinte (20) años, sin que el agresor pueda acceder a rebajas o beneficios legales. Esta sanción se incrementa si el delito lo comete una persona en posición de poder, si la víctima queda embarazada o si se le contagia una enfermedad de transmisión sexual. Además, se agravan las penas cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad por edad, discapacidad, etnia u otras condiciones.

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Por último, es fundamental comprender que el abuso sexual no siempre requiere violencia física. El agresor puede emplear métodos como manipulación emocional, chantajes o engaños, lo que es común en los casos que involucran niños, niñas o adolescentes. El Estado colombiano garantiza el derecho de la víctima a decidir sobre un posible embarazo producto del abuso, incluida la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del mismo. Por ello, es clave denunciar, activar la ruta de atención y confiar en las instituciones creadas para proteger a los menores.
