El funcionario respaldó así el poder otorgado por el gobierno a los miles de militares desplegados desde hace días en el país, donde la gran escalada de violencia llevó a que el presidente, Daniel Noboa, declarara el martes estado de conflicto armado interno y ordenara a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a los grupos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado.
Este jueves, la Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime.
Aunque precipitado por los acontecimientos, el plan de Ecuador no es nuevo.
Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución —que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno— para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas.
Y en el resto de América Latina, tampoco es nuevo.
La región está plagada de ejemplos, desde México hasta el Cono Sur, de cómo se atribuyeron a los militares —de manera temporal o prácticamente permanente— funciones contra el narcotráfico que en ocasiones contribuyeron a desarrollar operaciones exitosas y, muchas otras, dejaron resultados plagados de claroscuros en la historia reciente.
Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la histórica presión de Estados Unidos, que percibía una extrema debilidad en los sistemas de justicia y seguridad pública de la región.
“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”, remarca.
Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares, quienes gozan de una imagen positiva entre buena parte de la ciudadanía y cuentan con un gran armamento y capacidad de despliegue territorial, le dice el experto
México y Colombia
México es uno de los más claros ejemplos de esta tendencia.
La implicación de militares en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.
Las labores castrenses contra el narcotráfico se mantuvieron desde entonces, aunque fue sin duda durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuando se registró un parteaguas al poner en marcha la conocida “guerra contra el narco”.
En esta estrategia se involucraron todas las comandancias militares con el objetivo de recuperar territorios en manos del crimen organizado.
Pero las autoridades mexicanas reconocieron solo cuatro años después no haber conseguido su propósito en medio de una violencia creciente, que acabó con el sexenio de Calderón duplicando con 121.000 el número de homicidios del gobierno anterior, según las cifras oficiales.
También en aquel período fue que echó a andar la Iniciativa Mérida, el programa de EE.UU. dirigido a «contrarrestar la violencia alimentada por las drogas” por el que transfirió a México miles de millones de dólares en equipo militar, especialmente durante su primera etapa iniciada en 2008.
“La guerra contra el narco es una experiencia fallida y más bien fue una estrategia política del presidente Calderón para obtener legitimidad para su gobierno. Lamentablemente, a esta política se le dio continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual de López Obrador”, subraya Saucedo.
