El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados (Artículo 60, Ley 1757 de 2015).
Se puede desarrollar el control social a través de veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, auditorías ciudadanas, instancias de participación ciudadana.
“Quienes ejerzan control social podrán realizar alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, universidades, gremios empresariales, medios de comunicación y entidades afines para fortalecer su ejercicio, darle continuidad y obtener apoyo financiero, operativo y logístico”, indicó el secretario Camacho.
ulieth Morales, líder de control social, dijo que en los territorios se realizan los encuentros de aprendizaje en promoción de control social, en articulación con la Personería, dirigidos a los grupos de valor de todos los organismos e instancias; también a asociaciones de usuarios, grupos de tercera edad, jóvenes universitarios, instituciones educativas, hogares de Bienestar Familiar, comités de planificación, mesas de mujeres, representantes de JAC y JAL. Agregó que “es importante articularnos con la Personería para desarrollar las capacitaciones sobre veedurías ciudadanas”.
