Carolina Mora impulsó una ordenanza que hoy pone al Tolima en el centro del debate.
Una inesperada controversia política se desató entre Tolima y Valle del Cauca luego de que surgieran diferencias sobre cuál de los dos departamentos puede atribuirse el liderazgo en la implementación de mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres en la política. La discusión tomó fuerza después de que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacara públicamente el trabajo realizado por la Asamblea Departamental en la creación de una ruta pionera para prevenir y atender casos de violencia política de género contra mujeres que ejercen cargos de poder en entidades públicas.
Las declaraciones de la mandataria fueron interpretadas como un reconocimiento a la Ordenanza 011 de 2025, iniciativa promovida por la diputada Carolina Mora y que fue presentada como un avance sin precedentes en el país para proteger la participación femenina en escenarios de decisión política. Lo que parecía un motivo de orgullo para el Tolima terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación política entre regiones. Dos días después de las declaraciones de la gobernadora, la diputada del Valle del Cauca Lina Segura envió un oficio en el que cuestionó la afirmación sobre el carácter pionero de la iniciativa tolimense. Según la asambleísta vallecaucana, el liderazgo en esta materia corresponde a su departamento gracias a la Ordenanza 720 del 30 de abril de 2026, norma que establece medidas para prevenir, orientar y rechazar la violencia contra las mujeres en política.
En el documento, Segura aseguró que un análisis normativo permitiría concluir que el Valle del Cauca es el referente en esta materia, descartando que se trate de una competencia regional, aunque defendiendo la posición de su territorio. Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre sectores políticos del Tolima, donde varios dirigentes consideran que la ordenanza aprobada en 2025 demuestra que el departamento abrió el camino antes que otras regiones del país.
Más allá de la controversia, el episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres que participan en la vida política. La violencia política de género continúa siendo una problemática denunciada en diferentes regiones, donde concejalas, diputadas, alcaldesas y lideresas han reportado episodios de intimidación, discriminación y ataques relacionados con su actividad pública. Mientras unos defienden que el Tolima fue el primero en establecer una ruta formal de atención y prevención, otros sostienen que el Valle del Cauca cuenta con herramientas que también representan avances significativos en la materia. Lo cierto es que el reconocimiento realizado por la gobernadora Adriana Magali Matiz abrió una discusión que hoy trasciende las fronteras departamentales y que mantiene enfrentadas dos versiones sobre quién merece el crédito de haber liderado esta causa en Colombia.
