Arturo Castillo cuestionó la elección de Sandra Hincapié y habló de contradicciones políticas.
Una nueva controversia política se desató en Ibagué luego de las declaraciones del concejal conservador Arturo Castillo sobre el reciente nombramiento de Sandra Lucía Hincapié Galindo como Notaria Segunda de la ciudad. El cabildante aseguró que la discusión no gira alrededor de las capacidades profesionales de la funcionaria, sino de lo que considera una contradicción entre el discurso político de cambio promovido por sectores del actual Gobierno y algunas decisiones que se han tomado en el ejercicio del poder.
La designación ha despertado múltiples comentarios debido a que Sandra Lucía Hincapié es hermana del representante a la Cámara electo por el Tolima, Marco Hincapié, e hija de Marco Emilio Hincapié, actual presidente de Coljuegos. Para algunos sectores, el nombramiento ha reabierto el debate sobre la relación entre política, poder y acceso a cargos públicos. Durante sus declaraciones, Castillo manifestó que los gobiernos suelen rodearse de personas cercanas a sus proyectos políticos y afirmó que esa práctica no resulta extraña dentro de la administración pública. Sin embargo, sostuvo que la controversia surge porque durante las campañas electorales se prometió una forma distinta de hacer política y se criticaron prácticas que hoy, según él, parecen repetirse.
El concejal señaló que durante años se habló de combatir el nepotismo y de evitar que las familias con influencia política obtuvieran beneficios derivados de sus posiciones de poder. Por ello, aseguró que algunos ciudadanos pueden percibir inconsistencias entre los mensajes emitidos antes de llegar al gobierno y las actuaciones posteriores.
Castillo también indicó que no pone en duda la preparación profesional de la nueva notaria y que considera posible que cuente con una hoja de vida destacada para ejercer el cargo. No obstante, insistió en que la discusión principal debe centrarse en la coherencia política. Según el concejal, los ciudadanos tienen derecho a analizar quiénes han resultado beneficiados con las decisiones adoptadas por los gobiernos y a exigir que exista correspondencia entre las promesas realizadas y los hechos.
Las declaraciones han generado diversas reacciones en el escenario político tolimense, donde el tema continúa alimentando el debate sobre transparencia, meritocracia y ejercicio del poder público.
