¿Pueden las empresas privadas participar en política? [VIDEO]

Es legítimo que las organizaciones brinden su análisis respecto a las propuestas de los candidatos respecto al sector de la economía que representan.
Sergio González, Colanta - Google
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Faltan 13 días para la primera vuelta presidencial y a la contienda ya entraron las empresas. Cartas como la del gerente del Colanta, Sergio González, que invita a empleados y proveedores a votar por la “sensatez” y un video al interior de Cueros Vélez –en el que decantan su apoyo por un candidato– son situaciones virales con comentarios de todo tipo. Expertos consultados catalogaron como ilegítimo el proselitismo político al interior de las organizaciones.

El empleador tiene la prohibición legal de hacer proselitismo político al interior de la empresa, pero al mismo tiempo el empresario, como cualquier ciudadano, puede hacer pública su opinión política. Por este motivo la línea es bastante delgada”, comentó el profesor y abogado Santiago Trespalacios.

Línea que pudo haberse cruzado al interior de Cueros Vélez. En un video que se viralizó en redes sociales –de lo que parece una reunión de empleados– uno de los miembros de esa organización de marroquinería invita abiertamente a votar por el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Yo creo que, si todos somos conscientes, somos capaces de que ‘Fico’ gane en la primera”, se le escucha a uno de los hombres que lidera el encuentro y otro continúa: “Cueros Vélez tenía once tiendas en Venezuela, las tuvimos que cerrar. Piensen en todo eso, en sus familias también”.

Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, que los empresarios interfieran en la intención de voto de sus empleados es una preocupación cada vez mayor. Según él, estos comportamientos se configuran en una infracción cuando hay una amenaza en el medio.

Una empresa no tiene por qué meterse en las intenciones políticas de sus trabajadores. La preocupación surge cuando el empresario amenaza o genera temor en sus colaboradores al afirmarles que podrían perder sus empleos si no votan por el candidato que ellos dicen”, explica Basset.

El Código Penal colombiano castiga con entre cuatro y nueve años en prisión a quienes “amenacen o presionen por cualquier medio a un ciudadano (…) con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato”. Aclara la ley, que el castigo aumentará cuando haya subordinación.

El profesor Basset también cuestionó la eficacia de estas prácticas al interior de las organizaciones privadas: “Finalmente, el voto es secreto y este tipo de comentarios suelen ser castigado de forma generalizada. Las presiones terminan traduciéndose en mala imagen para la empresa y el empleador”.

En las últimas horas también se viralizó una carta que el gerente de Colanta, Sergio González, le envió a sus empleados y proveedores. En ella el directivo invita a votar por la “sensatez” y en contra de “un mal llamado cambio que es un salto al vacío sin retorno”.

Ante la lluvia de comentario, González dijo que su carta no mencionaba a ningún candidato y que era solo una invitación a votar en las próximas elecciones.

En este punto el académico Basset comentó que es legítimo que las organizaciones brinden su análisis respecto a las propuestas de los candidatos respecto al sector de la economía que representan.

Las críticas de las empresas y sus análisis son buenos insumos para la democracia. Las empresas pueden intervenir en las cuestiones políticas, otra cosa es meterse con la intención de voto de sus empleados”, puntualizó Basset.


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