Más de una década después de los primeros intentos por estructurar una política pública para la población con discapacidad en Neiva, un nuevo proyecto de acuerdo volvió a encender el debate en el Concejo Municipal, esta vez liderado por los concejales Alejandro Serna, Sebastián Prieto y Juan Carlos Parada.
La propuesta busca beneficiar a más de 20.000 personas en condición de discapacidad mediante tres ejes principales: el mínimo vital de agua, alivios tributarios y la incorporación de criterios de inclusión en la contratación pública. Sin embargo, aunque la iniciativa ha sido presentada como un avance social, no ha estado exenta de cuestionamientos.
¿Promesa estructural?
Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la creación de un esquema de priorización en el acceso al agua para personas certificadas con discapacidad, así como beneficios en el pago de impuestos como el predial. A esto se suma la intención de incluir esta población en procesos de compras públicas.
No obstante, críticos advierten que estas medidas podrían quedarse en el papel si no cuentan con respaldo financiero y capacidad institucional suficiente. La historia reciente del municipio, marcada por políticas que no logran ejecutarse plenamente, genera escepticismo sobre su viabilidad.
Retos de una propuesta
Los concejales promotores han hecho un llamado a la ciudadanía, al sector privado y a las instituciones para enriquecer el proyecto y garantizar su implementación. Sin embargo, el desafío no solo está en construir una política “robusta”, sino en asegurar que tenga recursos, seguimiento y resultados medibles.
El debate apenas comienza, pero deja una pregunta de fondo: ¿está Neiva preparada para convertir esta iniciativa en una política efectiva o será otra promesa que se diluya con el tiempo? Mientras tanto, la población en condición de discapacidad sigue esperando respuestas concretas más allá de los discursos.
