Un nuevo proyecto de ley, presentado recientemente en la Cámara de Representantes, busca erradicar la práctica conocida como “contratación a dedo” en entidades públicas. La iniciativa, liderada por el representante Cristian Avendaño (Alianza Verde), presenta propuestas para cerrar vacíos legales que permiten adjudicaciones discrecionales y sin competencia real.
¿Qué propone esta iniciativa?
- Prohibición de convenios discrecionales: se pretende que los convenios interadministrativos y subcontrataciones sean sometidos a procesos transparentes, evitando adjudicaciones directas sin verificación adecuada.
- Visibilidad pública obligatoria: todos los convenios y contratos deberán ser publicados y analizados por la ciudadanía, para que se disminuya la opacidad en los procesos.
- Límites a la subcontratación: se fijan reglas claras que impiden a las entidades delegar tareas a terceros sin mecanismos formales de licitación y supervisión.
- Cuarta rendición del proyecto: esta es la cuarta oportunidad en la que Avendaño presenta este tipo de reforma, después de que versiones anteriores fueron archivadas sin debate legislativo.
Contexto y razones detrás de la reforma
Según Avendaño, la corrupción persistente depende de la adjudicación discrecional de recursos públicos, que se destina a redes informales y magnifica los precios de servicios, como la ayuda para damnificados tras emergencias. El congresista señala que esta práctica resta fondos a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
¿Por qué vuelve a presentarse ahora?
El plan propone perfeccionar el Estatuto General de Contratación, procurando una vigilancia permanente sobre los procesos contractuales. Propone además fortalecer los mecanismos de control ciudadano y aplicar sanciones a quienes financian campañas políticas y luego resultan contratistas con el Estado, cerrando así rutas comunes de corrupción.
Impacto esperado
Si logra ser aprobado, se espera que el proyecto imponga procesos más formales y competitivos en las contrataciones estatales. Se anticipan beneficios:
- Reducción de inflaciones en costos públicos.
- Disminución de adjudicaciones sin licitación.
- Mayor transparencia y control ciudadano.
- Posible sanción a quienes se benefician de redes clientelistas.
Aunque versiones previas fueron archivadas, esta nueva edición del proyecto vuelve cargada de respaldo político y argumentación técnica. Si se aprueba, podría significar un golpe decisivo contra la contratación corrupta y un avance importante hacia una gestión pública más abierta y responsable.