El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, llegó al Capitolio para radicar el proyecto que busca el sometimiento voluntario de grupos criminales, incluidos narcos, financiadores y violentos de la protesta social. Proyecto de sometimiento de MinJusticia enfrenta tormenta política en el Congreso.
El documento hace parte central de la política de “paz total” del Gobierno Petro. Ofrece penas alternativas de 5 a 8 años para los máximos responsables y de 2 a 5 años para quienes no tengan mando, con cumplimiento en colonias agrícolas o espacios de armonización, no en cárceles.
El proyecto incluye beneficios condicionados a la entrega de armas, bienes, información y contribución a la verdad. Además, contempla reducciones del 70 % de penas o incluso renuncia a la acción penal para miembros de la primera línea.
Críticas por legalizar la impunidad y premiar al crimen
El texto generó rechazo inmediato en sectores judiciales, políticos y civiles. La Corte Suprema de Justicia envió un concepto al Congreso advirtiendo que la ley viola el principio de proporcionalidad y abre la puerta a la reincidencia criminal.
El senador Efraín Cepeda fue tajante durante la instalación del Congreso: “Confundir paz con impunidad es una amenaza directa al Estado de Derecho”. Alertó sobre el riesgo de permitir que delincuentes responsables de masacres y narcotráfico cumplan penas blandas en lugares sin control penitenciario.
También criticó que los narcos podrán conservar hasta el 12 % de sus bienes ilícitos, lo que a ojos de muchos representa una zona franca para el crimen organizado. Varios sectores acusan al Gobierno de “rendir el Estado ante el crimen”.
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Petro defiende justicia restaurativa y reta al Congreso
El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza. En su discurso de apertura de la legislatura, defendió la iniciativa y el enfoque de justicia restaurativa. Aseguró que el país necesita verdad y desarme, más que cárcel.
“¿Qué temor hay de que en Colombia haya justicia restaurativa? Es el camino para desmantelar las redes criminales”, dijo Petro.
El Gobierno insiste en que esta es una “tercera vía” entre la Ley de Justicia y Paz y la JEP. El proyecto articula justicia transicional, colaboración eficaz y garantías para las víctimas, aunque no exige negociación formal ni proceso de paz.
Sin embargo, la debilidad institucional, la fragmentación del Congreso y la creciente violencia en zonas clave como Cauca, Nariño y Guaviare hacen que este camino sea incierto.
