El proyecto del Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella contempla una drástica reducción cercana al 40% en los recursos destinados a los principales subsidios dirigidos a la población vulnerable del país. De acuerdo con el análisis sectorial de las partidas presupuestales de inversión para el año fiscal, los fondos globales para asistencia social pasarán de $22 billones de pesos a $13 billones, lo que representa una contracción real del 37% en pesos constantes.
Dentro de este ajuste fiscal impulsado por la administración central, las transferencias monetarias condicionadas y asistenciales gestionadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) sufrirán una disminución directa al pasar de $9 billones a $7 billones de pesos en la asignación global. Este tijerazo presupuestal afectará de forma directa la sostenibilidad de programas clave como Colombia Mayor y Renta Joven, lo que obligará a la entidad gubernamental a disminuir la cantidad de ciclos de pago mensuales o, en su defecto, a reducir la cobertura total de beneficiarios vulnerables.
Frente a este escenario de austeridad, desde las directrices del Gobierno nacional se ha planteado una reestructuración de la política social que busca desincentivar el modelo de subsidios directos permanentes para transicionar hacia un enfoque de asociatividad. La estrategia gubernamental propone que los jóvenes y adultos mayores vulnerables afectados se organicen mediante cooperativas y proyectos de emprendimiento locales, comprometiéndose el Estado a cofinanciar exclusivamente los intereses de créditos de capitalización para la generación de ingresos propios.
El recorte propuesto ha desatado un intenso debate político y social en las comisiones económicas del Congreso de la República, donde diversos sectores de oposición calificaron la iniciativa de «antipobre» debido al impacto simultáneo que tendrá en los subsidios de vivienda familiar y de tarifas de energía eléctrica para los estratos bajos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda defendió las cifras presentadas bajo la denominación del “Presupuesto de la Verdad”, argumentando que el país requiere un ajuste fiscal severo para sincerar las obligaciones estatales y estabilizar las finanzas públicas que no contaban con financiación real
