En el corazón del Macizo Colombiano se libra una de las batallas sociales y ambientales más importantes del país: la defensa del río Patía, una de las arterias hídricas más relevantes para la biodiversidad y la vida de las comunidades rurales. Actualmente avanza un proyecto de ley que busca que el río y sus afluentes sean reconocidos como sujetos de derecho, con representación legal que garantice su preservación, libre de contaminación y con capacidad de fluir en equilibrio con la naturaleza.
La propuesta también incluye la declaratoria de la cuenca alta del Patía como región excluida de la minería, ubicada en la llamada Corona del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca. De igual manera, plantea reconocer este territorio como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), asegurando que su vocación agrícola sea respetada y fortalecida frente a los intereses extractivos.
Uno de los líderes más representativos de este proceso es el profesor Óscar Gerardo Salazar, defensor de derechos humanos y líder social del Macizo Colombiano. Desde hace años ha trabajado junto al Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega (PCPV), la ASOCOMUNAL, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y colectivos como la Asociación Somos Agua de Esta Tierra, para consolidar una agenda comunitaria que prioriza el cuidado del agua, la cultura campesina y la soberanía alimentaria.
El profesor Salazar ha sido impulsor de las Convenciones Populares del Agua, escenarios donde las comunidades han formulado propuestas políticas para visibilizar la importancia del río Patía no solo como fuente de vida regional, sino como patrimonio ambiental estratégico para el país y el mundo.
“El Patía no es un simple afluente; es un corredor vital que conecta el Pacífico, la Amazonía, los Andes y el Chocó biogeográfico. Su cuidado es esencial para la biodiversidad, para la soberanía alimentaria y para la vida misma en el planeta”, señaló Salazar, recordando que la protección de este río ha sido una lucha histórica de las comunidades campesinas del Macizo.
Con este proyecto de ley, los defensores del territorio esperan dar un paso decisivo en el reconocimiento jurídico y político del Patía, consolidando un modelo de protección que permita equilibrar desarrollo, justicia ambiental y defensa de la vida.
