El Concejo Municipal de Tunja estudia el primer proyecto de acuerdo de la administración Krasnov para 2025, el cual propone adicionar $5.108.371.202 al presupuesto para la terminación de la Calle 59. Este ajuste genera dudas sobre la viabilidad de una obra que ya ha experimentado varios retrasos. Según el proyecto, la Gobernación de Boyacá aportará $4.784.855.754, mientras que el municipio deberá cubrir $323.515.448 restantes, a través de créditos y contra créditos.
La Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de Tunja, dirigida por Leguizamón, tiene la responsabilidad de justificar esta adición ante el Concejo. La preocupación central es si este nuevo aporte será suficiente para completar la obra o si se requerirán más recursos en el futuro, tal como ha sucedido con otros proyectos en la ciudad. Además, los concejales exigen detalles técnicos claros sobre la intervención, ya que el primer estudio preliminar ha mostrado carencias en la información relevante sobre la ejecución de los trabajos.
Juan Carlos Leguizamón González, como secretario de Movilidad, debe aclarar la necesidad de este ajuste y garantizar que los recursos sean bien utilizados, con transparencia. En este sentido, la administración de Krasnov enfrenta un reto importante: demostrar a la ciudadanía que la obra de la Calle 59 se concluirá de forma eficiente, sin sobrecostos adicionales que comprometan más recursos públicos, el debate en el Concejo será clave para determinar si esta inversión es realmente necesaria o si se trata de otro ajuste innecesario en medio de una gestión cuestionada.
El proceso de adjudicación de los recursos para la Calle 59 ha carecido de una estrategia de participación ciudadana que permita conocer la opinión de los afectados por las obras. Juan Carlos Leguizamón González, como secretario de Movilidad y Vida Territorial, debería impulsar una mayor transparencia, no solo en la gestión de los fondos, sino también en la planificación y en la socialización de los avances. Sin un diálogo abierto, el proyecto podría seguir siendo percibido como una iniciativa que responde más a intereses políticos que a las verdaderas necesidades de la población. La comunidad merece ser informada sobre los plazos reales de ejecución y sobre las razones detrás de la modificación presupuestaria, ya que estos aspectos impactan directamente en su calidad de vida.