Este martes fue aprobado en primer debate, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca crear un subsidio de transporte para estudiantes de Derecho que realicen su judicatura ad honorem en entidades del sector público. La propuesta, liderada por el congresista boyacense Héctor Chaparro, pretende aliviar los gastos de movilidad de quienes enfrentan una de las etapas más exigentes de su formación profesional sin recibir remuneración alguna.
Estrategia
Chaparro, al defender la iniciativa, señaló que “el objetivo de este proyecto es claro: que ningún estudiante tenga que abandonar su carrera o aplazar su graduación por no tener cómo cubrir los gastos de transporte para su práctica”. Agregó que la medida busca nivelar el acceso a oportunidades entre quienes estudian Derecho y los alumnos de otras carreras que ya cuentan con apoyos similares.
Se estima que la política beneficiaría a más de 18.000 estudiantes al año, lo que, en palabras del representante, contribuiría no solo a reducir la deserción universitaria en este campo, sino también a fortalecer el servicio público con talento joven, comprometido y técnicamente preparado.
Controversia
Sin embargo, aunque la propuesta fue bien recibida, no faltaron las voces críticas que cuestionaron por qué apenas hasta ahora se reconoce una situación que durante décadas ha afectado a miles de estudiantes, especialmente de estratos bajos. El carácter no remunerado de la judicatura ha sido motivo de denuncias recurrentes, al considerarse una barrera estructural para el ejercicio equitativo de la profesión jurídica.
Ahora, el texto deberá superar su paso por la plenaria de la Cámara, instancia en la que Chaparro espera obtener respaldo mayoritario. A su juicio, la aprobación del proyecto sería un avance hacia una educación con justicia social, donde “el mérito y la vocación de servicio no dependan del grado socioeconómico de los estudiantes”.
Aunque el camino legislativo apenas comienza, la iniciativa abre un necesario debate sobre las condiciones en las que miles de jóvenes se ven obligados a cumplir requisitos académicos en medio de precariedades económicas. Si bien aplaudida, la propuesta también revela una deuda histórica del Estado con quienes, aún en formación, ya prestan servicio a la justicia.
